El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, extendió el acuerdo con TourProdEnter, firma de Javier Faroni, hasta diciembre de 2030 y le agregó la administración de pagos. Un fiscal ratificó irregularidades en los balances.
El 15 de octubre de 2024, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, prorrogó el contrato con la empresa TourProdEnter LLC, propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, hasta el 31 de diciembre de 2030. La extensión se realizó catorce meses antes del vencimiento del acuerdo original, que finalizaba en diciembre de 2025.
El primer contrato, firmado el 9 de diciembre de 2021, establecía una comisión del 30% sobre los ingresos de la AFA por sponsors, derechos de transmisión y partidos amistosos, más un 10% adicional por logística. Desde entonces, la empresa embolsó cerca de 300 millones de dólares. El nuevo acuerdo mantuvo los porcentajes de comisión, pero amplió el rol de TourProdEnter de “agente comercial y de cobro” a administrador operativo de pagos.
El fiscal en lo Penal Económico Emilio Guerberoff señaló en un dictamen que la prórroga y la ampliación de facultades “denotan un posible apuro por blindar y perpetuar legalmente la estructura de posibles desvíos de fondos”. El contrato fue secuestrado por la Justicia en la sede de la AFA en la calle Viamonte.
En los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ) desde 2022 hasta 2025, la AFA omitió en su mayoría la vinculación con TourProdEnter. Solo en el balance de junio de 2024 la empresa apareció como deudora por 13.295.951.416,18 pesos (unos 14,5 millones de dólares al tipo de cambio oficial de ese momento). El fiscal Guerberoff consideró que esa omisión tuvo “el posible propósito de impedir el conocimiento del verdadero origen, circulación, destino y disponibilidad de fondos”.
La investigación también detectó transferencias millonarias desde cuentas de TourProdEnter a al menos diez empresas fantasmas registradas en Miami, que absorbieron casi 57 millones de dólares. Entre ellas, Marmasch LLC (62 operaciones por casi 15 millones de dólares), Soagu Services (54 operaciones) y Velp (23 transferencias por 3.991.000 dólares).
La causa está a cargo de la fiscal Silvia Russi y cuenta con pruebas provenientes de Estados Unidos. La Cámara en lo Penal Económico debe definir si concentra todas las investigaciones en un solo juzgado.