La Audiencia Provincial de Badajoz inicia la fase testifical del juicio que examina la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales a David Sánchez Pérez-Castejón en 2017.
El juicio que examina la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz afronta hoy su primera jornada centrada en el fondo del asunto. Después de un estreno caracterizado por las cuestiones previas planteadas por las defensas, la Audiencia Provincial tiene previsto comenzar a escuchar a los primeros testigos de una causa que gira en torno a la creación y adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales que obtuvo el hermano del presidente del Gobierno en 2017.
La sesión celebrada el pasado jueves sirvió para fijar posiciones. Durante varias horas, las defensas intentaron desacreditar la instrucción, denunciaron supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y reclamaron la nulidad de distintas actuaciones practicadas durante la investigación. También se abordaron cuestiones relacionadas con la posible prescripción de algunos de los delitos atribuidos a los acusados. Con ese trámite ya sobre la mesa y pendiente de la decisión del tribunal, el procedimiento da hoy un paso adelante y entra en la fase que debe permitir reconstruir los hechos que dieron origen a la causa.
A partir de ahora, el protagonismo pasa de los argumentos jurídicos a los testimonios. Serán decenas de comparecientes los que tendrán que explicar ante el tribunal cómo se gestó la plaza investigada, cuáles eran sus funciones, cómo se desarrolló el proceso de selección y qué papel desempeñaron los distintos responsables de la Diputación de Badajoz en aquellas decisiones.
La investigación se remonta a 2017, cuando David Sánchez obtuvo una plaza vinculada a los conservatorios dependientes de la Diputación pacense. Desde entonces, la controversia ha girado alrededor de una misma cuestión: determinar si ese puesto fue creado para cubrir necesidades reales de la institución o si, por el contrario, se diseñó pensando en una persona concreta.
Esa es la tesis que sostienen las acusaciones populares, que consideran que existieron irregularidades en la configuración y adjudicación de la plaza. Las defensas rechazan de plano esa interpretación y sostienen que tanto la creación del puesto como el proceso de selección se ajustaron a la legalidad vigente.
Entre los comparecientes previstos figuran responsables de los conservatorios provinciales, funcionarios de la Diputación, representantes sindicales, aspirantes que participaron en el proceso selectivo y agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación. Las acusaciones populares confían en que las declaraciones permitan reforzar la idea de que la plaza investigada fue diseñada específicamente para facilitar la incorporación de David Sánchez a la Diputación. Las defensas afrontan este escenario con un planteamiento diametralmente opuesto: demostrar que el puesto tenía una utilidad real, que fue creado siguiendo los procedimientos ordinarios y que la contratación se desarrolló dentro de los márgenes legales.
En el banquillo se sientan once acusados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y ex secretario general del PSOE extremeño. Las declaraciones de los procesados están previstas para una fase posterior del juicio, una vez concluyan las comparecencias de los testigos. La Fiscalía no mantiene la acusación principal contra David Sánchez, por lo que el peso de la acusación recae fundamentalmente en las acusaciones populares.