El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió este miércoles al Congreso de Guatemala la aprobación urgente de una ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ante el riesgo de que el país sea incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El CACIF, a través de un pronunciamiento leído por su presidente Carlos Arias Bouscayro, advirtió que si el Congreso no actúa antes del 2 de junio, Guatemala podría ser incluida en la lista gris de GAFILAT, lo que afectaría remesas, crédito, inversión y operaciones financieras. Según Arias Bouscayro, esa fecha es «la última» con margen para que la norma sea aprobada e implementada antes de la visita prevista de GAFILAT en febrero.
El sector empresarial señaló que la ley debió aprobarse el año pasado y que el plazo original vencía el 15 de mayo. Arias Bouscayro explicó que «no es que la ley esté pasada, tiene que estar implementada». En el pronunciamiento, sostuvo que la discusión «no es ideológica ni política», sino una decisión sobre «el futuro económico del país».
El CACIF afirmó que la inclusión en la lista gris elevaría los costos de las remesas hasta un 40%, además de imponer controles más estrictos y límites al monto mensual que las familias pueden recibir. Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara de Construcción, dijo que una restricción sobre las remesas afectaría la compra de vivienda, ya que «una parte importante de la adquisición de casas proviene de esos recursos».
Francisco Ralda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), calificó la falta de aprobación de la ley como «muy preocupante» y afirmó que para los exportadores quedar en la lista gris sería «la sentencia de muerte». Arias Bouscayro agregó que Guatemala ha trabajado durante años para alcanzar el grado de inversión y que caer en la lista gris destruiría «el esfuerzo de los últimos 10 años». Mencionó el caso de Panamá, al que le tomó seis años salir de la lista gris.
Consultados sobre las razones de la demora legislativa, los representantes del sector privado dijeron que no querían especular, aunque afirmaron que ven un grupo de diputados «cada vez más grande» que considera urgente aprobar la norma. El presidente del Congreso, Luis Contreras, ha insistido en la posibilidad de que la ley sea aprobada el 2 de junio en una sesión extraordinaria.