La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó una demanda para impedir que autoridades locales de Texas apliquen la ley SB 4, que permite detener y trasladar a migrantes indocumentados a la frontera bajo órdenes judiciales estatales. El caso podría redefinir el equilibrio de poderes en materia migratoria.
Una demanda colectiva presentada en mayo de 2026 busca impedir que las autoridades locales de Texas apliquen la ley SB 4, una normativa estatal que permite detener y disponer el retorno de migrantes indocumentados hasta la frontera bajo órdenes emitidas por jueces estatales. La querella, impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), argumenta que esta regulación entra en contradicción con las facultades federales en materia migratoria y, por lo tanto, contraviene la Constitución de Estados Unidos.
Según información de Reuters, el documento judicial señala que la normativa estatal permite a las fuerzas de seguridad locales detener a individuos sospechosos de ingresar sin autorización. Además, jueces locales pueden emitir órdenes que obligan a personas extranjeras a abandonar el estado bajo custodia y ser trasladadas a la frontera, una función que tradicionalmente corresponde a tribunales federales de inmigración. La ley SB 4 también incluye sanciones penales por reingreso.
Los demandantes consideran que aplicar la normativa a nivel estatal puede derivar en detenciones prolongadas sin supervisión federal adecuada. La querella se basa en el principio de supremacía federal, que establece que las leyes nacionales prevalecen sobre las estatales en áreas asignadas al gobierno federal. Según la Constitución de Estados Unidos, el control migratorio es una atribución exclusiva del gobierno federal, respaldada por múltiples fallos de la Corte Suprema, como el caso Arizona v. United States de 2012, donde se invalidaron partes de una ley estatal similar.
Especialistas en derecho migratorio citados por Reuters señalaron que la coexistencia de sistemas estatales y federales podría generar incertidumbre jurídica, ya que los migrantes enfrentarían procesos distintos según la autoridad que intervenga. La demanda busca evitar este escenario mediante la suspensión inmediata de la normativa. El tribunal federal deberá evaluar si concede una medida cautelar en las próximas semanas.
Cabe recalcar que la querella se presentó porque el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. anuló el 24 de abril de este año una orden judicial previa emitida durante la administración del expresidente Joe Biden, que bloqueaba temporalmente la aplicación de la ley estatal. La anulación del bloqueo no abordó la constitucionalidad de la SB 4, sino que se basó en que las organizaciones demandantes carecían de legitimación para continuar con su caso.
Los nuevos demandantes insisten en que el verdadero problema es la inconstitucionalidad de la ley. Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, afirmó: “Todos los tribunales que han examinado el fondo de leyes como la SB 4 las han declarado inconstitucionales. La SB 4 es cruel e ilegal, y seguiremos luchando contra ella hasta que sea derogada definitivamente”.