Un estudio analiza la aplicación de una tasa sobre patrimonios ultraelevados en siete países de la región, con el objetivo de aumentar la recaudación y mejorar la equidad tributaria.
Un nuevo debate sobre la desigualdad se instala en América Latina: ¿es viable aplicar un impuesto a las grandes fortunas? La discusión gira en torno a la llamada «tasa Zucman», un esquema que propone gravar los patrimonios más elevados con el objetivo de mejorar la equidad y reforzar la recaudación fiscal.
El planteo surge de un estudio impulsado por el economista Gabriel Zucman en el marco del Observatorio Fiscal Internacional. Según este trabajo, aplicar un impuesto del 2% anual sobre patrimonios superiores a los 100 millones de dólares en siete países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay) permitiría recaudar unos US$ 24.000 millones al año. La medida alcanzaría a apenas 3.000 individuos en una población total de 500 millones.
El análisis abarca economías que comparten una presión fiscal limitada frente a crecientes demandas sociales. El objetivo del impuesto no es solo recaudatorio. Según explicó Vicente Silva, autor del informe en base al estudio de Zucman, apunta a corregir distorsiones en los sistemas tributarios: actualmente, el 1% más rico paga proporcionalmente menos impuestos que la mitad más pobre de la población. En ese sentido, la propuesta busca que los sectores de mayores ingresos contribuyan en línea con su capacidad económica.
Incluso existe una versión más ambiciosa del esquema, que eleva la alícuota al 3% y permitiría incrementar la recaudación hasta los US$ 36.000 millones anuales.
A nivel global, la iniciativa también ganó impulso. Durante la presidencia de Brasil en el G20 en 2024, se promovió un mecanismo similar para gravar fortunas superiores a los US$ 1.000 millones, con un potencial de recaudación estimado entre US$ 200.000 y US$ 250.000 millones anuales. La discusión derivó en un compromiso del bloque para avanzar en herramientas que aseguren una tributación efectiva de los patrimonios ultraaltos.
Sin embargo, más allá del potencial recaudatorio, la iniciativa enfrenta cuestionamientos de fondo en términos económicos y de implementación práctica.
Desde una perspectiva favorable, distintos economistas aseguran que implementar un impuesto de este tipo permitiría un mecanismo de distribución de la riqueza más equitativo. Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), comentó que «América Latina tiene una característica, no es el continente más pobre, pero sí es el más desigual. Con lo cual, un tributo de estas formas permitiría un mecanismo de redistribución». Respecto al caso argentino, Letcher mencionó el aporte extraordinario de las grandes fortunas y señaló que, contrario a lo que se pronosticaba, habría generado un efecto positivo sobre la inversión.
En relación con las políticas económicas actuales, Letcher destacó que si se hubiera implementado una medida de estas características, el ajuste fiscal no hubiera recaído en la clase media y en los más necesitados.
Por otra parte, el economista Sergio Chouza destacó en diálogo con PERFIL: «Todos los países hoy buscan alternativas para financiar sus estados de bienestar o la prestación de servicios públicos en un contexto donde los mega millonarios y las empresas con alta capacidad de generación de recursos tienen muchas facilidades para construir recursos financieros, ingenierías tributarias, fiscales y evadir impuestos». «Dicho esto, bienvenido sea que surjan iniciativas para gravar el patrimonio de los mega millonarios», agregó.
La discusión sobre la viabilidad y los efectos de un impuesto a las grandes fortunas continúa abierta, con argumentos a favor y en contra que analizan su impacto recaudatorio, económico y social en la región.