La Justicia chaqueña avanza en al menos tres causas por amenazas en establecimientos educativos. Las pesquisas buscan identificar a los menores involucrados, mientras se descarta la responsabilidad penal de los padres.
En el marco de una serie de mensajes que alertan sobre posibles ataques en escuelas, la Justicia del Chaco confirmó la existencia de al menos tres causas penales en curso. Las investigaciones se centran en identificar a los menores involucrados, señalados como los principales responsables de estas conductas.
El ayudante de fiscalía Cristian Barreto explicó que el abordaje judicial se realiza de manera coordinada con fuerzas de seguridad y organismos de protección de derechos, según la edad de los implicados. «Se están tomando medidas tanto a nivel policial como judicial para individualizar a los menores», indicó.
Barreto remarcó que, en estos casos, la responsabilidad penal es exclusiva de quien comete el hecho, incluso si se trata de menores de edad. «La responsabilidad penal es intransferible. No se puede imputar a los padres por la conducta de sus hijos», sostuvo. Aclaró que los adultos son convocados para ser notificados, pero no pueden ser perseguidos penalmente por estos episodios.
Las actuaciones se articulan con la Secretaría de Niñez y Adolescencia y el juzgado de menores en turno, que define las medidas a adoptar. Actualmente, las decisiones recaen en el juez Juan Pablo Lari, bajo el régimen de la ley de minoridad vigente.
Según fuentes judiciales, el encuadre legal puede variar entre amenazas o intimidación pública, dependiendo de cómo se difundió el mensaje, ya sea por redes sociales o mediante inscripciones en las escuelas.
En el avance de las investigaciones, ya se concretaron medidas de prueba. Se confirmó el secuestro de teléfonos celulares, que serán peritados para rastrear el origen de los mensajes. Además, la fiscalía tramita pedidos de información a plataformas como WhatsApp e Instagram, para reconstruir la circulación de las amenazas.
De acuerdo con datos de la Policía del Chaco, ya se registraron unos 60 reportes en toda la provincia, con mayor concentración en el área metropolitana. Muchas de las amenazas responden a mensajes virales que se replican con mínimas modificaciones, lo que complejiza su rastreo.
El Gobierno activó un protocolo que incluye presencia policial en escuelas, patrullajes preventivos y la intervención de áreas especializadas como Ciberdelitos y el sistema 911.
Las autoridades insistieron en que estos hechos no deben ser tomados como bromas, ya que implican la movilización de recursos estatales y pueden derivar en consecuencias judiciales. En paralelo, el Ministerio de Educación impulsa acciones para reforzar la convivencia escolar y prevenir el ciberbullying, promoviendo un mayor control sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes.