La agrupación Inquilinos Agrupados advirtió que la iniciativa del Poder Ejecutivo, que busca acelerar los procesos, establecería el régimen más agresivo de la región, según un análisis comparativo.
Una de las principales organizaciones de inquilinos, Inquilinos Agrupados, manifestó su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. Según la agrupación, la iniciativa propone un esquema de «desalojos rápidos» sin precedentes en la región.
«El proyecto establece el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», aseguró Gervasio Muñoz, referente de la organización, tras un análisis comparativo con legislaciones de países como Brasil, Uruguay, Perú, España, El Salvador y Paraguay. El informe sostiene que ningún país combina plazos tan cortos con un nivel tan bajo de garantías para el inquilino.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y presentada el 27 de marzo, comenzó a debatirse la semana pasada en un plenario de comisiones del Senado. El oficialismo indicó que no habrá dictamen, al menos, hasta la próxima semana.
El objetivo declarado del proyecto es «eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica». La reforma propone cambios integrales que abarcan el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y ajustes en leyes como la de tierras rurales y la de integración socio urbana de barrios populares.
Uno de los puntos centrales impacta directamente en los desalojos, buscando que sean más rápidos y simplificando trámites registrales. El texto establece que todos los procesos, tanto por falta de pago como por intrusión, pasen a tramitarse mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino. Para ello, se modificarían artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación.
Desde Inquilinos Agrupados sostienen que estos cambios configuran una modificación de reglas que inclina la balanza de manera decisiva hacia los propietarios. Critican, principalmente, que no se contemple una «segunda oportunidad» para frenar el desalojo pagando la deuda. «El Gobierno quiere que se vote una ley en donde si una familia se atrasa tres días en el pago del alquiler es desalojada de inmediato», afirmó Muñoz.
El cuestionamiento también vincula el proyecto con el contexto económico y la dinámica del mercado de alquileres. Según Muñoz, se configura un «combo letal» para los inquilinos, al sumarse contratos más cortos, condiciones más flexibles para propietarios y un deterioro del ingreso real en un escenario de precarización laboral. Además, anticipó un posible «ida y vuelta regulatorio» en el futuro.
Mientras el Gobierno apuesta a acelerar los desalojos como una señal hacia los propietarios, las organizaciones de inquilinos advierten sobre el posible costo social inmediato de la medida.