En una jornada de múltiples frentes, la administración de Javier Milei presentó un recurso para desbloquear la ley laboral y avanza en conversaciones para un crédito internacional, mientras surgen detalles sobre pagos al jefe de Gabinete en una causa judicial.
El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se levante la suspensión aplicada sobre los principales artículos de la reforma laboral. La medida cautelar había sido dictada a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT). La presentación, realizada por la Secretaría de Trabajo con el patrocinio de la Procuración del Tesoro, argumenta que el recurso debe tener efecto suspensivo sobre la decisión del juez Raúl Horacio Ojeda.
En el ámbito económico, el equipo a cargo del ministro Luis Caputo se encuentra negociando con el Banco Mundial un préstamo que rondaría los 2000 millones de dólares. Según informaciones que circularon en la reunión del Fondo Monetario Internacional en Washington, se sumarían otros 2000 millones de la CAF y el BID. El desembolso está sujeto a la aprobación del directorio del Banco. Fuentes especulan que el crédito podría utilizarse como garantía para la emisión de un bono que permitiría recaudar un monto mayor.
Por otro lado, en una causa judicial por dádivas que lleva el juez Ariel Lijo, se registraron transferencias por alrededor de 1,6 millones de pesos recibidas por el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante 2022 y 2023. Los pagos provinieron de la productora Imhouse, propiedad del periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni. Las transferencias se interrumpieron cuando Adorni asumió como funcionario en diciembre de 2023. La misma productora celebró al menos tres contratos con la TV estatal durante el actual gobierno.
En otro expediente, la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de Mauricio Novelli para ser querellante en la investigación por la presunta filtración del peritaje a su teléfono celular. Los camaristas consideraron que no cumple con los requisitos legales, ya que la pesquisa se circunscribe a delitos de acción pública y no se advierte un perjuicio directo para él.