Una diputada de la oposición solicitó a la Justicia que investigue posibles irregularidades en préstamos millonarios otorgados a figuras del oficialismo. Los involucrados niegan tratos de favor.
La diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo. En la presentación, solicitó que se determine si hubo irregularidades que pudieran configurar delitos como «tráfico de influencias» o «administración fraudulenta».
Frade argumentó en su denuncia que los montos otorgados no se corresponderían con los ingresos declarados por los beneficiarios ni con su capacidad de repago, según las normativas del Banco Central. «El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora», indicó la legisladora.
La información sobre estos créditos comenzó a circular esta semana en redes sociales, basándose en datos del sitio web «¿Cuánto deben?», que utiliza información de la Central de Deudores del BCRA. Según ese relevamiento, figuras como Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía, y Federico Furiase, exdirector del BCRA, habrían accedido a préstamos por sumas que superan los 350 millones de pesos. También aparecen mencionados el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, y los diputados Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde.
Frente a las acusaciones, algunos de los nombrados se defendieron en redes sociales. El diputado Mariano Campero calificó las imputaciones como «maliciosas» y aseguró que se trató de un crédito hipotecario en UVAs disponible para cualquier ciudadano que califique. Por su parte, Alejandro Bongiovani cuestionó a la oposición y negó que contraer una deuda en condiciones generales sea un acto delictivo.
El Banco Nación, por su parte, emitió un comunicado en el que afirmó que el proceso para acceder a los préstamos es «homógeno, sin excepciones», aunque reconoció la existencia de una línea crediticia diferencial para empleados y funcionarios públicos con beneficios no disponibles para clientes regulares.
En su denuncia, la diputada Frade pidió que la Justicia revise los legajos crediticios completos y las actas del Directorio del banco, y que se dé intervención al Cuerpo de peritos contadores para analizar las condiciones de los préstamos. Esta acción se suma a otros pedidos de informes presentados por legisladores de la oposición.