El Indicador de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella marcó en marzo su cuarta caída mensual consecutiva, en un descenso que los analistas califican como el más pronunciado del período. El índice se ubicó ligeramente por debajo del nivel registrado por la administración de Mauricio Macri en marzo de 2018, tras las elecciones legislativas de medio término.
Los puntos críticos de la evaluación
Dentro de los cinco componentes del índice, el ítem «evaluación general del Gobierno» fue el que experimentó la mayor retracción, con una caída del 9%, situándose por debajo de los 2 puntos en una escala de 5. Por otro lado, el aspecto peor evaluado continúa siendo la «preocupación por el interés general», que retrocedió un 6%, lo que los investigadores interpretan como una señal de percepción de falta de sensibilidad hacia los problemas de la ciudadanía.
Un cambio en el apoyo etario
Un dato que llama la atención es el comportamiento del indicador en el segmento de jóvenes de 18 a 29 años, donde la confianza se desplomó un 25%. Este retroceso hace que este grupo etario deje de ser el principal sostén de la administración actual, según las mediciones de la universidad.
Medidas económicas en un contexto complejo
En un contexto donde la inflación no muestra señales claras de desaceleración, el Gobierno nacional anunció una serie de medidas orientadas a flexibilizar el crédito. La principal decisión fue la reducción de los encajes bancarios, con el objetivo de aligerar la restricción monetaria. Paralelamente, el Banco Nación lanzará un programa de créditos para pymes con tasas fijas del 25% anual, por debajo de la inflación proyectada a doce meses.
El desafío político y la iniciativa legislativa
En el plano político, el oficialismo enfrenta el desafío de recuperar la iniciativa tras un período complejo. Recientemente, envió al Congreso un paquete de proyectos de ley, aunque analistas señalan que estos carecen de un impacto directo e inmediato en la vida cotidiana de la población. La gestión también parece encontrar obstáculos en el tratamiento de la ley de Glaciares, una iniciativa que requiere del consenso de gobernadores para su aprobación.
La evolución del indicador de confianza se mantendrá bajo observación, en un escenario económico que combina medidas de estímulo crediticio con una persistente presión inflacionaria y un clima social de descontento creciente.