El estado de California podría implementar un nuevo sistema de etiquetado que transformaría la experiencia de compra en los supermercados. La propuesta legislativa, presentada por el asambleísta demócrata Jesse Gabriel, establece la creación de un sello oficial denominado «California Certified», destinado a identificar productos alimenticios que no han sido sometidos a procesos industriales considerados agresivos.
Un sello para fomentar la transparencia
El proyecto de ley se enmarca en una serie de políticas estatales que ya regulan la presencia de colorantes y aditivos químicos en los almuerzos escolares. Según explicó Gabriel, el sistema se inspira en el modelo de certificación orgánica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), pero con un enfoque específico en el grado de procesamiento de los alimentos. «Estamos dando el siguiente paso lógico para abordar el tema de los alimentos ultraprocesados», declaró el legislador.
¿Cómo funcionaría la certificación?
La normativa, que de aprobarse entraría en vigor en junio de 2028, permitiría a los fabricantes solicitar la certificación ante organismos acreditados. Para obtener el sello, los productos deberán estar compuestos por ingredientes mínimos y haber sido elaborados mediante procesos mecánicos simples, excluyendo el uso de potenciadores de sabor artificiales, colorantes sintéticos y niveles elevados de sodio o grasas saturadas. Las empresas que logren la certificación deberán renovarla cada tres años para garantizar el cumplimiento continuo de los estándares.
Impacto en las góndolas y reacciones
Uno de los aspectos más destacados de la ley es la exigencia a los supermercados de ubicar los productos certificados en espacios de alta visibilidad, como los extremos de los pasillos. Esta medida busca generar un contraste claro con el resto de la oferta. Bernadette Del Chiaro, del Environmental Working Group en California, afirmó que el sello actuaría como «una señal de alerta para los consumidores» frente a afirmaciones publicitarias que pueden resultar engañosas.
La iniciativa cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Una encuesta de la consultora Public First reveló que más del 60% de la población apoya medidas para retirar o señalizar claramente los alimentos ultraprocesados en las tiendas. Gabriel enfatizó que el objetivo no es prohibir, sino «fortalecer la libertad de elección del consumidor y fomentar la innovación» en la industria alimentaria.
La oposición de la industria
Pese al apoyo popular, las cámaras de fabricantes han intensificado sus críticas. Argumentan que los nuevos requisitos de etiquetado y exhibición representan una carga burocrática excesiva que podría elevar los costos operativos y, en última instancia, el precio final de los productos básicos. Consideran que estas regulaciones estatales son innecesariamente onerosas.
El asambleísta Gabriel respondió a estas críticas señalando que los sectores que defienden el statu quo están «completamente desconectados del público estadounidense» y de la actual crisis de salud pública. El proyecto de ley ahora aguarda su debate y votación en la legislatura californiana, en un proceso que será seguido de cerca tanto por defensores de la salud pública como por la industria alimentaria nacional.