El 24 de marzo de 1976 marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Ese día, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón, sumándose a una serie de regímenes militares que ya gobernaban en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Sin embargo, lo que distinguió a la última dictadura cívico-militar argentina no fue la toma del poder en sí, sino la implementación de un sistema de terror estatal metódico y organizado.
La novedad del terror sistemático
El régimen instaurado hace medio siglo desplegó una maquinaria represiva sin precedentes en el país. La desaparición forzada de personas, la instalación de centros clandestinos de detención y tortura, el robo sistemático de bebés y los vuelos de la muerte se convirtieron en políticas de Estado. Estas prácticas transformaron la experiencia argentina en un caso extremo, donde la supresión de la humanidad del otro fue elevada a programa de gobierno.
Un problema filosófico persistente
Más allá de las explicaciones políticas o históricas, la dictadura plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza humana y la convivencia social. ¿Cómo emerge, dentro de una comunidad fundada en el reconocimiento de la dignidad de cada persona, un aparato organizado para negar esa misma dignidad? La respuesta trasciende la patología individual para adentrarse en la normalización institucional de la crueldad.
La tortura como rutina laboral, el secuestro como procedimiento administrativo y el asesinato como acto burocrático representan la banalización del mal en su expresión más peligrosa. Como señalaron analistas de diversos campos, el mal radical no reside solo en el burócrata obediente, sino en quien encuentra en el sufrimiento ajeno una fuente de sentido o cumplimiento.
La responsabilidad más allá de las órdenes
Frente a las justificaciones basadas en la obediencia debida o la ausencia de alternativas, la filosofía moral ofrece herramientas para el análisis. Teorías como las de Harry Frankfurt sostienen que la responsabilidad moral no depende exclusivamente de tener opciones diferentes, sino de actuar conforme a la propia voluntad. Este argumento cuestiona directamente la coartada de la inevitabilidad que suelen invocar los perpetradores de crímenes de Estado.
Vigencia de la advertencia
Cinco décadas después, la reflexión sobre aquellos años no constituye un mero ejercicio de memoria. En diversas partes del mundo, incluyendo democracias consolidadas, se observan fenómenos preocupantes: el avance de discursos autoritarios, la erosión de instituciones democráticas y la suspensión de la dignidad del adversario en nombre de emergencias o purezas ideológicas.
El mecanismo que permite deshumanizar al otro no representa un accidente histórico, sino una posibilidad permanente en la condición política. La distancia entre la palabra que denigra y el acto que destruye puede ser más corta de lo que se prefiere creer. En este contexto, el «Nunca más» pronunciado por el fiscal Julio Strassera durante el Juicio a las Juntas Militares mantiene su fuerza como principio ético y compromiso cívico.
La conmemoración del 24 de marzo invita así a una doble mirada: hacia el pasado, para honrar a las víctimas y comprender lo ocurrido; y hacia el presente, para identificar y confrontar aquellos mecanismos sociales y políticos que, en cualquier contexto, pueden hacer posible lo impensable.