Este viernes 9 de enero, el Gobierno de Javier Milei desembolsará nada menos que 4.200 millones de dólares en concepto de vencimientos de deuda externa. La cifra, que se destinará mayoritariamente a los fondos buitre y grandes especuladores internacionales, es la imagen más clara de un modelo que sólo garantiza ganancias para unos pocos a costa del ahogo de las grandes mayorías.
El pago es para quienes se quedaron con los bonos surgidos de la reestructuración de la deuda realizada por Martín Guzmán en 2020, bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, negociada con Blackrock, Pimco, Templeton y Gramercy como principales representantes de los acreedores. Estos fondos de inversión concentran los capitales financieros de los países imperialistas como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania.
Milei además de apoyar abiertamente el ataque armado de Trump para someter a Venezuela, continúa centrando su política económica en garantizar las ganancias del capital imperialista. Pero como su propio modelo de ajuste no permite la acumulación de dólares para hacer frente al vencimiento el ministerio de Economía optó por aumentar la deuda a corto plazo y con una tasa muy elevada al concretar un préstamo con seis bancos internacionales, en un formato llamado REPO, por US$ 3.000 millones.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, pusieron en marcha una operación financiera a último momento ante el fracaso previo de la bono por casi 1.000 millones de dólares (AN29) que no sirvió para bajar el riesgo país, ni para obtener dólares a una tasa menos costosa. ¿El resultado? Más deuda, plazos más cortos, tasas de interés usurarias y activos públicos hipotecados para salvar las papas sólo por unos meses.
El bono AN29 se emitió a 2029, con una tasa interna de retorno del 9,47%, y el REPO, cuya tasa pactada fue del 7,4% anual, vence dentro de sólo un año. Para acceder a estos fondos, el Gobierno entregó en garantía bonos públicos con vencimiento en 2035 y 2038 (AL35 y AE38), es decir, hipotecó activos a largo plazo para resolver una urgencia inmediata.
Milei y Caputo insisten en que estas maniobras son una «señal de confianza» de los mercados. Sin embargo, el propio comportamiento del riesgo país lo desmiente: tras la operación, la percepción de desconfianza aumentó y el valor de los bonos nacionales siguió en caída. Lejos de solucionar el problema, la administración Milei sólo lo patea para adelante. El país sigue atado a vencimientos cada vez más cortos y costosos, con tasas de interés exorbitantes que permiten negocios millonarios para los especuladores.
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Mientras tanto, los dólares que se pierden en intereses de deuda implican más ajuste para los hospitales, las escuelas, la jubilación y los salarios. Una deuda cuyo origen se remonta a la última dictadura militar, es ilegal, ilegitima y fraudulenta; contando con la convalidación de todos los gobiernos desde entonces que además la fueron acrecentando.
La experiencia argentina demuestra que el camino del pago serial de la deuda sólo lleva a nuevas crisis y más dependencia. Desde la dictadura hasta hoy, cada «solución» del FMI y los gobiernos de turno sólo trajo saqueo, recesión y atraso.
No hay salida dentro del modelo actual: pagar la deuda es condenar al país a vivir sometido. La única alternativa realista y favorable para las grandes mayorías pasa por desconocer soberanamente la fraudulenta deuda externa, romper con el FMI y reorganizar la economía al servicio de quienes laburan y sus familias. Hace falta una ruptura de raiz, basada en la movilización popular y la decisión política de poner todos los recursos del país, desde el sistema bancario hasta el comercio exterior, bajo control y administración de quienes viven de su trabajo.