El Tribunal Oral Federal 2 definirá el próximo martes 23 de junio la situación de Julio De Vido y otros cuatro imputados en el juicio por presuntas irregularidades en la contratación de Odebrecht para la ampliación de gasoductos.
El juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur llegará a su fin el próximo martes 23 de junio. El Tribunal Oral Federal 2 escuchará las últimas palabras de los imputados a las 9.30, y luego anunciará el horario en que dará a conocer el veredicto, durante la misma jornada.
Los acusados son el exministro de Planificación Julio De Vido; el exsecretario de Energía, Daniel Cameron; el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar; el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret; y el exsubgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat.
Los jueces encargados de definir este proceso son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz. En tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF) actúa como querellante.
Hasta ahora fueron 22 audiencias que se desarrollaron cada martes a través de una modalidad mixta, con algunos concurrentes presentes en la sala del tribunal y otros conectados por videoconferencia.
En este expediente se investiga el presunto direccionamiento en la licitación de las obras de la segunda ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), entre los años 2006 y 2008.
El tribunal llamó a atestiguar a 28 personas entre quienes figuran el director General de TGN, Daniel Ridelener; uno de los miembros del directorio, Marcelo Brichetto. También declararon los ex integrantes del ENARGAS Oscar Domínguez, Alicia Federico y Antonio Pronsato; y por ENARSA, Juan Carlos Doncel Jones.
Por otro lado, dieron testimonio expertos y consultores del sector energético como Roberto Phillips; Jorge García, Enrique Pigretti y Rubén Besada.
La instrucción comenzó en el 2007 en el juzgado de Daniel Rafecas, con la participación activa del fiscal Federico Delgado, fallecido en el 2023.
En su alegato Diego Luciani acusó a los exfuncionarios de crear un nuevo marco normativo con el propósito de que se confeccionara lo que denominó “un auténtico traje a medida de Odebrecht”. Con esta hipótesis, solicitó para Julio De Vido y Daniel Cameron 4 años de prisión por el delito de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
En tanto, para Cristian Folgar y Luis Beuret, requirió 3 años y 6 meses. Mientras que para Julio Armando Bragulat pidió la absolución tras considerar que su participación no fue acreditada.
El abogado de Julio De Vido, Gabriel Palmeiro, pidió la absolución porque entendió que “la conducta del exministro de Planificación no constituye delito a pesar de los atajos probatorios para intentar sostener la acusación”. En el mismo sentido, enfatizó que su cliente “actuó de acuerdo a sus competencias constitucionales con absoluta buena fe en el marco de la emergencia energética de ese momento”.
Por su parte, el defensor público oficial, Santiago Finn, pidió las absoluciones de Daniel Cameron y Cristian Folgar, con el argumento de que en la causa no se probaron sobreprecios, sobornos ni direccionamiento en las contrataciones. Según su criterio, la fiscalía no tuvo en cuenta que las normas aplicadas para la ejecución de estas obras derivan de la declaración de emergencia energética.
Gastón María Abrutín Suárez, el representante legal de Luis Beuret, también solicitó la absolución porque entendió que el exfuncionario de CAMMESA solo acató las instrucciones emitidas por la Secretaría de Energía.
Finalmente, el doctor Diego Olmedo, defensor de Julio Armando Bragulat, se preguntó en su corto alegato “qué hace Bragulat en esta causa” teniendo en cuenta que el fiscal no acusó a su cliente y pidió la absolución por falta de pruebas.