Al igual que el año pasado, el gobierno de Milei busca derogar el carácter móvil de las asignaciones familiares. En el artículo 70 del Dictamen de mayoría votado este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se plantea sintéticamente «Deróganse los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160». Este proyecto salió de Comisión en Diputados con el apoyo del PRO, UCR y diputados que responden a gobernadores del PJ.
La eliminación de la movilidad de las AUH y Asignaciones Familiares implicaría que los aumentos de los montos no están atados a la movilidad previsional sino que serán a discreción del gobierno. Así, no tendrán una garantía frente a la inflación. Esto incluye las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, por ayuda escolar anual, por nacimiento, por adopción, por matrimonio, la AUH, la asignación por embarazo para protección social y por cuidado de la salud integral (previstas en la Ley 24.714), que perciben trabajadores registrados y no registrados.
Las dos prestaciones sociales más importantes afectadas por la medida son: la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a 4.113.370 titulares, y la asignación por hijo, con 4.107.320 beneficiarios. En total, la modificación presupuestaria impactaría de forma directa en más de 8 millones de niñeces y adolescencias, dejando a la mayoría de los subsidios a la niñez sin un mecanismo de actualización automático.
Este había sido un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), de eliminar partidas que queden vinculadas con la inflación, así, serán pasibles de ser recortadas.
Así también lo denunció el legislador del PTS-Frente de Izquierda, Christian Castillo (mandato vencido) en su dictamen de minoría presentado oportunamente ante la Comisión de Presupuesto.
La Ley 27.160 es la de Regímenes de Asignaciones Familiares. Allí, los artículos 1, 2 y 3 que se derogarían si se aprueba el texto del Presupuesto.
El artículo 1 define la movilidad de dichas asignaciones: «Las asignaciones familiares previstas en la ley 24.714, sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la establecida en el inciso e) del artículo 6° de la ley 24.714, serán móviles. El cálculo del índice de movilidad se realizará conforme a lo previsto por el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias. La movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro, en los casos en que corresponde su utilización. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir una disminución del valor de la asignación.«
El artículo 2 establece un diferencial del 30% adicional para provincias de zona austral: «El valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y la Asignación por Embarazo para Protección Social, para los titulares residentes en las zonas previstas en la ley 23.272, modificada por la ley 25.955, constituida por las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires, tendrá un importe diferencial consistente en aplicar el coeficiente uno con tres décimos (1,3) sobre el valor base de la asignación vigente para cada período.»
El artículo 3 determina a la Anses como autoridad de aplicación: «La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo el cálculo de la movilidad de conformidad con las pautas establecidas en la presente ley.»
Adicionalmente, el Presupuesto 2026 que quiere aprobar el Gobierno de Milei deroga también las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad conquistadas en las calles por luchas multitudinarias y gran apoyo social. Si estas se aplicasen significarían un alivio frente al ajuste brutal del gobierno, con recorte de salarios y partidas, pero el propio Ejecutivo se encargó de promulgar pero no aplicar «por falta de fondos».
No tiene el mismo criterio al rebajar retenciones a las patronales agrarias, otorgar beneficios millonarios a las empresas en subsidios, rebajas y desgravaciones impositivas, y hasta «blanqueos» y amnistías de todo tipo a los evasores.
La eliminación de la indexación automática de las asignaciones familiares y AUH es parte de un conjunto de medidas de ajuste contra el pueblo trabajador que comprende el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la ley de Inocencia Fiscal, que se suman a la ley Bases, la reforma impositiva y el DNU 70/2023, junto al resto de las leyes que salieron del Congreso con el apoyo de diputados con peluca.
Es necesario enfrentar en las calles y en los lugares de trabajo este ataque histórico, con una respuesta a la altura de las circunstancias. No es suficiente con un acto aislado de la CGT que negocia con todos los gobiernos la defensa de sus propios intereses, a espaldas de las necesidades del pueblo trabajador. Este jueves 18 de diciembre debemos ser muchos para colmar la Plaza de Mayo e imponer un paro nacional y un plan de lucha a las burocracias sindicales, que no termine hasta derrotar el plan de guerra de Milei, el FMI, Trump y las grandes patronales.
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