Marcos Daloia, el colectivero de la línea K de trolebuses de Rosario que fue baleado el pasado jueves en medio de un fuerte aumento de violencia narco, murió este domingo al mediodía. Según pudo confirmar LA NACION por fuentes de la intendencia, el hombre falleció a las 13.30 luego de permanecer internado cuatro días.
“Alguien decidió dispararle, a matar, mientras él estaba laburando”, escribió Camila Ferreyra, cuñada de Daloia, el sábado en una publicación en las redes. “Te podría pasar a vos, a tu familia. Esta vez le tocó a mi cuñado, le tocó a nuestra familia”, sumó al pedir por el hombre de 39 años cuando todavía luchaba en terapia intensiva.
El ataque ocurrió el último jueves en Mendoza y México, en el barrio Belgrano, en la zona oeste, a tres cuadras de la avenida de Circunvalación que rodea a la ciudad. El chofer, malherido, fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Los pasajeros de la unidad de transporte público indicaron que el agresor, que sería un adolescente, viajaba en el trolebús municipal. Al llegar a la altura de aquel cruce sacó un arma y, sin mediar palabras, le disparó tres balazos al conductor.
Horas antes del ataque, en solo 48 horas, el terror ya se había apoderado de la ciudad con dos taxistas asesinados. Ambos trabajaban para la misma empresa y fueron ejecutados casi de idéntica manera: un sicario que les disparó de cerca con una pistola calibre 9 milímetros alimentada con balas de la Policía de Santa Fe. En la escena del último homicidio apareció una zapatilla, como en el primer caso.
Los crímenes buscaron generar una fuerte conmoción. Y lo consiguieron. Sobre todo porque horas después fue baleado el chofer de la línea de trolebuses K, que murió este domingo tras recibir tres tiros en la cabeza. Le disparó un pasajero de corta edad, según los testigos del hecho.
En el gobierno provincial sospechan que los ataques están relacionados y tendrían un denominador común: la respuesta del crimen organizado de la ciudad al endurecimiento de las condiciones de alojamiento en las cárceles provinciales, donde los llamados “presos de alto riesgo”, que no son otros que los que están vinculados con las bandas de narcomenudeo que se disputan el territorio para sus negocios ilegales, son sometidos a permanentes requisas y estrictos controles “a lo Bukele”.
LA NACION