El fiscal Gerardo Pollicita solicitó 15 medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del presidente de la AFA. Se investigan transferencias desde Zúrich, pagos del sindicato de camioneros y movimientos de su exesposa.
La Justicia Federal dispuso una serie de medidas en la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de un expediente centrado en su desempeño como funcionario público en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El fiscal Gerardo Pollicita requirió al juez Ariel Lijo 15 nuevas medidas de prueba para determinar el origen de acreditaciones bancarias no declaradas.
Entre los elementos señalados por la fiscalía se encuentran transferencias en dólares desde la sede central de la FIFA en Zúrich, pagos periódicos del Sindicato de Choferes de Camiones y movimientos financieros de su exesposa, Paola Moyano.
De acuerdo con la documentación remitida por el Banco Credicoop, tres giros internacionales fueron liquidados en una cuenta a nombre de Tapia. La firma ordenante figura como «FEDERATION INTERNAT.», procedente de Suiza. Los montos totalizan 189.577,18 dólares distribuidos en tres períodos: diciembre de 2018 (USD 49.585,53), junio de 2019 (USD 124.583,56) y marzo de 2020 (USD 15.408,09, liquidados en moneda local por casi un millón de pesos). Estos ingresos no figuran en las declaraciones juradas del dirigente, por lo que el fiscal Pollicita solicitó un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA detalle el concepto de cada envío.
La fiscalía también analizó 37 acreditaciones registradas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo del Banco Provincia, por un total de $1.494.678,79, provenientes de Camioneros, sindicato encabezado por Hugo Moyano. La Justicia exigió al gremio la entrega del legajo laboral completo de Tapia, sus recibos de sueldo e historial de cargos.
En paralelo, se requirieron informes a la AFA para auditar las resoluciones que habilitaron el uso de tarjetas de crédito institucionales a favor de Tapia, así como giros por $1.476.000 y otros 30 millones de pesos otorgados bajo la categoría de viáticos entre 2020 y 2023.
La fiscalía solicitó además el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Paola Moyano, hija del líder sindical camionero. Según registros del Banco Credicoop, Moyano fue incorporada el 12 de febrero de 2019 como firmante de dos cuentas de Tapia (en pesos y en dólares). En esa misma fecha se asentó un depósito en efectivo de 620.000 dólares y la habilitación de una caja de seguridad compartida, además de figurar como usuaria autorizada de dos tarjetas de crédito del dirigente.
Tapia se desempeñó como vicepresidente del CEAMSE a partir de 2014, nombrado por Mauricio Macri, y luego ratificado en la conducción por Axel Kicillof hasta su renuncia en 2024. Con las nuevas medidas, la fiscalía busca reconstruir la evolución integral de su patrimonio.