La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos anunció la eliminación de las regulaciones de emisiones de dióxido de carbono para plantas de carbón y gas natural, aprobadas durante la gestión de Joe Biden. La medida fue presentada por el administrador de la EPA, Lee Zeldin, en Houston, en el marco de la Cumbre de Energía del G20.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos anunció este lunes la derogación de las regulaciones de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para plantas de energía que funcionan con combustibles fósiles. Las normas, aprobadas durante la administración de Joe Biden, obligaban a las plantas de carbón y a las nuevas instalaciones de gas natural a reducir sustancialmente sus emisiones de CO2 a partir de la década de 2030.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, calificó la medida como «la acción desreguladora más importante en la historia del sector energético del país». Asimismo, anunció que la agencia propone derogar todos los estándares restantes de emisiones para plantas de energía. «Todos», subrayó.
Zeldin presentó la decisión en una conferencia de prensa en Houston, donde Estados Unidos alberga la Cumbre de Energía del G20. «Los días de Biden y Obama trabajando para destruir el gas natural y el carbón terminaron», afirmó.
La EPA argumentó que las restricciones de las administraciones de Obama y Biden derivaron en precios de energía más altos e impidieron que el país alcanzara su pleno potencial energético. En contraste, la firma de servicios financieros Lazard, citada por NPR, sostiene que los grandes proyectos de energía solar y eólica ya ofrecen costos más competitivos que los de gas natural y carbón.
La medida se anuncia en un contexto climático particular: el mes pasado fue el más caluroso jamás registrado a nivel global, producto del cambio climático y del desarrollo de un patrón climático de El Niño. «2026 va camino a ser el año más cálido en la historia registrada», aseguró Michael Gerrard, profesor de derecho en la Universidad de Columbia y director del Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático, en declaraciones recogidas por NPR. «Y aún no hemos visto nada», completó.
Gudrun Thompson, abogada sénior del Centro de Derecho Ambiental del Sur (Southern Environmental Law Center), advirtió en declaraciones a NPR que el impacto de la medida va más allá del clima: «Estas reglas son realmente importantes, y no solo para nuestro clima, sino también para proteger la salud pública de los peligros de la contaminación local del aire».
Grupos ambientalistas anunciaron que impugnarán la decisión ante los tribunales.
Antecedentes regulatorios
La regulación de las emisiones de CO2 de las plantas de energía tiene una historia legal compleja. En 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó, en el caso Massachusetts v. EPA, que la agencia tiene la obligación de regular el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act). Dos años después, en 2009, la EPA emitió su «hallazgo de peligro» (endangerment finding), que clasificó formalmente la contaminación por gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud humana.
En 2014, la administración Obama propuso el «Plan de Energía Limpia» (Clean Power Plan), destinado a reducir las emisiones de CO2 de las plantas en un 32% respecto a los niveles de 2005 para el año 2030. El plan nunca entró en vigor por obstáculos legales, aunque el país igualó ese objetivo mucho antes de la fecha prevista, gracias al reemplazo de plantas de carbón por instalaciones de gas natural y al crecimiento de las energías renovables.
Durante el primer mandato de Trump, el Clean Power Plan fue reemplazado por la llamada regla de «Energía Limpia Asequible» (Affordable Clean Energy), que permitía a las plantas emitir más contaminación climática. Biden llegó al poder en 2021 con la agenda climática más ambiciosa de cualquier candidato de un partido mayoritario en la historia del país, con el objetivo de eliminar la contaminación climática del sector eléctrico para 2035.
En 2022, la Corte Suprema volvió a intervenir y restringió las facultades de la EPA para obligar a toda la industria generadora a abandonar los combustibles fósiles sin una ley específica que lo respaldara. Ante ese escenario, la agencia diseñó regulaciones planta por planta, convencida de que esa estrategia resistiría el escrutinio de un tribunal de mayoría conservadora. La actual administración Trump decidió, finalmente, eliminar esos límites.