Una serie de declaraciones de militares y funcionarios argentinos sobre el Estrecho de Magallanes derivó en una controversia diplomática y en un debate interno en Chile sobre la defensa de su soberanía. El gobierno chileno emitió notas de protesta y el canciller deberá responder ante el Congreso.
Una serie de declaraciones de militares y funcionarios argentinos sobre la soberanía en el extremo sur generó una controversia diplomática con Chile y un debate interno en ese país sobre la defensa de sus intereses estratégicos.
El 23 de agosto, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea argentina, general Gustavo Valverde, afirmó en un podcast que «Magallanes, el sur, el Mar de Drake, todo eso es soberanía» y que se trata de «una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico». En abril, el contraalmirante Hernán Montero había cuestionado la soberanía chilena sobre el Estrecho en otro podcast.
Tras las declaraciones de Valverde, la Cancillería chilena envió una nota de protesta y el canciller Francisco Pérez Mackenna recordó que la soberanía sobre la totalidad del Estrecho «se funda en los Tratados de 1881 y 1984». El 3 de septiembre, los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei firmaron un comunicado que ratificó ese régimen jurídico.
Sin embargo, el 6 de septiembre, la senadora argentina Patricia Bullrich incluyó en Radio Mitre «el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida» entre las prioridades estratégicas argentinas. Luego se rectificó y atribuyó el error a una «confusión de nombres», aclarando que quiso decir canal Beagle. El canciller Pablo Quirno también aclaró que al hablar de un país «bicontinental y bioceánico» aludía a la ruta hacia la Antártida.
El viernes, el presidente chileno José Antonio Kast desmintió al ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, quien había asegurado en A24 que ambas armadas realizan un «patrullaje combinado» en el Paso Drake y ejercicios conjuntos en Magallanes. «Jamás en el Estrecho de Magallanes ha habido un patrullaje conjunto», afirmó Kast. «El Estrecho de Magallanes es y será siempre chileno, y la soberanía está determinada, más allá de lo que diga cualquier persona».
El Ministerio de Defensa chileno precisó que los únicos acuerdos de trabajo conjunto en la zona austral son la Patrulla Antártica Naval Combinada, estacional y en aguas internacionales, y el Ejercicio Viekarén, de búsqueda y rescate en el canal Beagle.
En Chile, seis excomandantes en jefe de la Armada publicaron una carta en El Mercurio el 2 de septiembre en la que recordaron la crisis del Beagle de 1978 y advirtieron que la Argentina «ha mantenido históricamente aspiraciones de proyección hacia el Pacífico». Cuatro días después, seis exministros de Defensa de distintos gobiernos advirtieron sobre el financiamiento de las capacidades estratégicas.
La Cámara de Diputados aprobó por 57 votos contra 49 la primera interpelación a un ministro de esta administración. El canciller Pérez Mackenna deberá responder el lunes 28 por los episodios con la Argentina.
El senador Iván Moreira, vicepresidente del Senado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, declaró a LA NACION: «La seguidilla de hechos ha provocado un clima de desconfianza en la opinión pública chilena». Y agregó: «Hay una sucesión de actos y declaraciones de diversos gobiernos argentinos que han alimentado la sospecha de que esto forma parte de una estrategia de mayor aliento, con un objetivo que desconocemos».
Moreira también se refirió al decreto 457, firmado en 2021 bajo Alberto Fernández, que aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional y menciona la «exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces». Chile protestó formalmente ese mismo agosto y el decreto sigue vigente. «El presidente Milei ha reconocido el apoyo chileno a la Argentina en el tema Malvinas, sin que ese gesto solidario sea correspondido con un acto que solo depende de él, como es la derogación del decreto 457/2021», afirmó Moreira.
El analista internacional Gilberto Aranda, de la Universidad de Chile, sostuvo que el problema no fue el contenido de la respuesta chilena sino su demora. «Hubo una nota de protesta y un comunicado conjunto con una aclaratoria. Pero claramente ya no es suficiente, porque muchos sectores piden mayor fuerza para la enmienda o el reemplazo del decreto 457», explicó.
Mario Herrera, analista político de la Universidad de Talca, planteó que el endurecimiento del discurso cumple una función política interna: «Aunque estos efectos suelen ser solo de corto plazo, permitirían a Kast tener un respiro dados los malos resultados económicos y de opinión pública». Y agregó: «Las posiciones más duras de defensa ayudan a controlar el desangre en su propio sector».
En cuanto a capacidades militares, la Argentina firmó en abril de 2024 la compra de 24 F-16 A/B MLU de segunda mano a Dinamarca por unos 300 millones de dólares. Los primeros seis llegaron a Río Cuarto el 5 de diciembre de 2025. Chile opera 46 F-16 comprados a Estados Unidos y Holanda entre 2002 y 2011.
El Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas, creado por la ley 21.174, debía recibir unos 500 millones de dólares al año y no recibió nada en 2023 ni en 2024. «Lo que no puede pasar es que Chile siga postergando las inversiones que corresponden», reclamó Mario Desbordes, alcalde de Santiago.
Moreira concluyó: «Chile es un país que apuesta por la paz, respetuoso del derecho internacional y no mantiene reclamos territoriales. Sin embargo, cada cierto tiempo nuestros vecinos nos plantean reclamos y disputas, por lo que es necesario mantener una capacidad disuasiva importante».