En los primeros cinco meses de testimoniales, más de 100 testigos declararon en el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas. Las defensas no consiguieron desacreditar los dos ejes centrales de la acusación: los cuadernos del chofer Oscar Centeno y las declaraciones de los arrepentidos.
El juicio oral por la causa conocida como Cuadernos de las Coimas lleva menos de un año de desarrollo. En los cinco meses destinados a las declaraciones testimoniales, más de 100 personas declararon ante el Tribunal Oral Federal 7. Aún restan alrededor de 500 testigos, aunque esa cifra podría reducirse si se acentúa la tendencia a desistir de algunas citaciones.
Según una de las más de 60 defensas involucradas, el avance del proceso es más rápido de lo previsto: “Lo que iba a durar años al final no va a durar tanto. Se avanza mucho más rápido de lo que se pensaba”.
El caso tiene a la expresidenta Cristina Kirchner imputada como jefa de una presunta organización que habría recibido coimas a cambio de obra pública. La instrucción estuvo a cargo del fiscal Carlos Stornelli.
Durante el debate, no se registraron elementos que modificaran los dos pilares de la acusación: los cuadernos manuscritos de Oscar Centeno, que describen un supuesto mecanismo de recaudación, y las declaraciones de los arrepentidos, que incluyen a exfuncionarios y empresarios.
Las defensas intentaron cuestionar esas bases con planteos que en su mayoría ya habían sido rechazados antes del juicio y que el tribunal volvió a desestimar. También realizaron interrogatorios extensos, como los dirigidos al periodista Diego Cabot, autor de la investigación publicada por LA NACION, y al policía Jorge Bacigalupo, quien entregó los cuadernos. Cabot declaró durante 13 horas y Bacigalupo durante dos jornadas de ocho horas cada una.
Durante esos interrogatorios, se intentó que Cabot revelara una fuente, pero el Tribunal Oral Federal 7 lo impidió.
La fiscal Fabiana León señaló en distintas oportunidades que las defensas buscaban “criminalizar” a los testigos y “victimizar” a los imputados. También cuestionó lo que definió como un intento de auditar la instrucción y de realizar un “juicio dentro del juicio”, por los constantes pedidos de nuevas medidas de prueba.
En su declaración indagatoria, la expresidenta realizó una defensa política, desacreditó el proceso con expresiones como “circo” y “persecución política” y no respondió preguntas. Respondió solo las preguntas de rigor formuladas por el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, quien le ofreció el mismo trato que al resto de los imputados. Ante la consulta sobre sus antecedentes penales, la expresidenta respondió: “Ahhhh bueno….¿Antecedentes penales? Si usted me deja hablar le voy a contar…”.
En relación con los arrepentidos, varios imputados que habían brindado información clave se negaron a declarar o a responder preguntas en el juicio. Sus aportes fueron incorporados como prueba documental. Las defensas rechazaron esta modalidad, ya que esas declaraciones incluyen señalamientos que buscaban confrontar mediante preguntas.
Entre las declaraciones incorporadas se encuentran las del financista Ernesto Clarens, quien reconoció haber recaudado cerca de 30 millones de dólares; la del empresario Carlos Wagner, que ofreció porcentajes y validó la maniobra; y la del exfuncionario Claudio Uberti, que describió valijas con millones de dólares en el departamento de los Kirchner.
Las defensas sostienen que estas declaraciones fueron obtenidas bajo amenazas por el fiscal Stornelli.
El exsecretario de Obra Pública José López, en su declaración como arrepentido, afirmó que Cristina Kirchner estaba al tanto de todo y que los 9 millones de dólares hallados en un convento pertenecían a la “recaudación”. En el juicio, ofreció una declaración ambigua: sin responder preguntas y sin apartarse de su confesión, dijo que nunca vio a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita.
Un bloque de testigos estuvo conformado por contadores de la AFIP que trabajaron en el caso. Sus testimonios afianzaron la hipótesis de que algunas empresas que habrían pagado coimas utilizaban facturas apócrifas para justificar salidas de dinero.
También declararon pilotos y trabajadores de los aviones presidenciales, quienes ratificaron que funcionarios de confianza del matrimonio Kirchner, como Daniel Muñoz, viajaban a Santa Cruz con valijas cerradas que sorteaban los controles.
Un caso aparte fue el de la empresa Techint, que no forma parte del juicio. Sus directivos admitieron haber realizado pagos ilegales al funcionario Roberto Baratta, pero no fueron incluidos en el proceso porque la Justicia determinó que esos pagos no eran contraprestaciones por obra pública, sino que se enmarcaban en un conflicto puntual del grupo empresario en Venezuela durante la expropiación de una de sus firmas. Sus declaraciones como testigos generaron distintas lecturas: por un lado, corroboran la existencia de un esquema de pagos ilegales; por otro, algunas defensas consideran que su exclusión del juicio evidencia una instrucción selectiva.
Una declaración que generó sorpresa fue la del portero del edificio de los Kirchner en el barrio de Recoleta, Julio César Silva. Durante la instrucción, Silva había afirmado que veía ingresar a Daniel Muñoz con bolsos con frecuencia semanal. En el juicio, modificó su versión y declaró: “Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije. Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí”.
El testimonio de Silva fue celebrado en el Instituto Patria, en una conferencia encabezada por Oscar Parrilli junto al abogado José Manuel Ubeira. Ubeira expresó: “Las causas grandes nunca se voltean de un golpe. Es ladrillo por ladrillo, portero por portero. Cacho por cacho, Bacigalupo por Bacigalupo. Los tenés que romper de a uno”.