Siete personas fueron arrestadas, entre ellas tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones, acusadas de integrar una organización que adulteraba registros para facilitar la residencia permanente a médicos colombianos.
La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a siete personas, incluidos tres empleados de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), en el marco de una investigación por la presunta adulteración de registros migratorios para otorgar residencias permanentes a 101 médicos colombianos.
La causa se inició en junio pasado a raíz de una denuncia presentada por la Dirección Técnica Jurídica de la DNM, que alertó sobre la existencia de asientos apócrifos en sus registros. El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, con la Secretaría N.º 15 de Lucas Lacau, encomendó la investigación a la PFA.
Los pesquisas verificaron la documentación y detectaron que tres empleados de Migraciones habrían insertado registros de ingreso al país de carácter fraudulento. Según la investigación, esta maniobra buscaba que ciudadanos colombianos obtuvieran la residencia permanente sin cumplir los períodos de permanencia mínimos exigidos por la ley.
El mecanismo consistía en que los médicos colombianos ingresaban legalmente a Argentina, iniciaban los trámites de radicación y luego regresaban a su país. Cuando el trámite estaba por caducar por la ausencia del solicitante, los miembros de la organización, a cambio de dinero, utilizaban los documentos de identidad dejados por los interesados para generar registros de ingreso falsos, manipulando biométricamente fotos de terceros no involucrados.
Con las pruebas reunidas, el juzgado ordenó diez allanamientos en los barrios porteños de Almagro y Floresta, y en las localidades bonaerenses de Florencio Varela, Villa Ballester, Cuartel V, Moreno y La Tablada. En esos procedimientos fueron detenidas siete personas: cuatro mujeres (dos argentinas de 35 y 39 años, y dos paraguayas de 38 y 47 años) y tres hombres argentinos (dos de 38 y uno de 39).
Se secuestraron tres vehículos, catorce teléfonos celulares, seis notebooks, cuatro pendrives, dos discos rígidos, más de 5.000 dólares estadounidenses, 100 euros, 7.000 pesos argentinos, certificados de residencia y documentación de interés para la causa.
Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor y están acusados de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad y destrucción de pruebas.