La Cámara de Diputados de San Luis dio sanción definitiva al proyecto de reforma constitucional impulsado por el gobernador Claudio Poggi. La iniciativa obtuvo 30 votos a favor y 13 en contra, y la provincia elegirá 52 convencionales para modificar la Carta Magna.
La Cámara de Diputados de San Luis aprobó el proyecto de reforma constitucional enviado por el gobernador Claudio Poggi. La iniciativa recibió 30 votos a favor y 13 en contra, y contaba con media sanción del Senado. Con esta sanción legislativa, se declaró la necesidad de reformar la Constitución provincial y se delimitaron los temas que tratará la Convención Constituyente, que estará integrada por 52 convencionales elegidos en la próxima elección provincial general.
El proyecto contempla la modificación de 23 artículos de la Constitución, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos nuevos. Entre los principales cambios se encuentra la modificación del artículo 147 para establecer la prohibición absoluta de reelección después de dos períodos consecutivos o alternados para quien ocupe la Gobernación. El período constitucional 2023-2027 será computado como primer mandato a los efectos de esta limitación.
En cuanto al Poder Legislativo, el período de sesiones ordinarias se extendería desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre. Las cámaras de Diputados y Senadores pasarían a renovarse en su totalidad cada cuatro años, en elecciones coincidentes con las de gobernador. Una cláusula transitoria prorroga hasta 2031 los mandatos de los legisladores elegidos en 2025, que originalmente vencían en 2029. Desde las elecciones de 2031, ambas cámaras se renovarían completamente cada cuatro años.
El mismo criterio se aplicaría a los Concejos Deliberantes, cuya renovación total se realizaría en la misma oportunidad que la de las autoridades provinciales. La unificación del calendario electoral elimina las elecciones legislativas de medio término y reduce los costos asociados a la realización de comicios cada dos años.
En el ámbito judicial, el proyecto busca separar el Ministerio Público del Poder Judicial, estableciendo una estructura de doble dirección con una Defensoría General y una Procuración General. Se crearía un Consejo del Ministerio Público para la selección de miembros inferiores y un Jurado de Destitución propio. También se modificaría la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con representantes de la academia y del Senado. Los concursos de antecedentes y las ternas elevadas al Poder Ejecutivo tendrían carácter vinculante.
Se establece una permanencia mínima de cuatro años en el cargo para los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público como requisito para acceder a nuevas funciones. La exigencia de ejercicio profesional o desempeño en funciones judiciales para acceder a la magistratura se eleva de tres a cinco años. Además, se fija un límite de 75 años para los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal de Cuentas; al alcanzar esa edad, su continuidad podría analizarse mediante una nueva designación con acuerdo del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo.
La reforma incorpora una cláusula federal para reafirmar la autonomía provincial, en línea con la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Se contempla el ejercicio pleno de los poderes no delegados al Gobierno federal, el poder de policía y tributario sobre establecimientos de utilidad nacional radicados en la provincia, y la participación en estudios, planes y decisiones de la Administración federal, además del debate sobre un nuevo régimen de coparticipación.
Se habilitaría un capítulo sobre relaciones intergubernamentales e internacionales, que permitiría a la provincia celebrar convenios de inversión y cooperación directa. Finalmente, el proyecto modifica el plazo para la presentación del Presupuesto provincial, que pasaría del 31 de agosto al 30 de septiembre inclusive.