Dos organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo especial ante el ECOSOC presentaron una declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en relación con la causa del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, detenido en Bariloche.
Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – El caso de Konstantin Rudnev, ciudadano ruso imputado en una causa por presunta trata de personas en Bariloche, fue objeto de una nueva presentación ante organismos internacionales. Dos organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) –Citoyens en action pour la démocratie et le développement (CADD) y Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience (CAP LC)– presentaron una declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El documento fue elevado para la sexagésima tercera sesión del Consejo, que se celebrará en Ginebra entre el 7 de septiembre y el 9 de octubre de 2026. La declaración recuerda que Rudnev se encuentra bajo arresto domiciliario en Argentina y que continúa en recuperación tras una cirugía y una hospitalización. Según el texto, las indicaciones médicas exigen “estricto reposo en cama y asistencia continua”, y se advierte que cualquier medida que lo devuelva a prisión “lo expondría a riesgos que las autoridades encargadas de proteger los derechos fundamentales no pueden pasar por alto”.
El eje central del documento es una crítica a una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que aceptó examinar una queja presentada por la fiscalía contra la resolución que había sustituido la prisión preventiva por arresto domiciliario. Las ONG firmantes sostienen que esa intervención resulta incompatible con la arquitectura del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF). Según la declaración, los artículos 53, 54 y 350 del CPPF asignan las decisiones tomadas durante la etapa de investigación preliminar, como las referidas a medidas de coerción, a jueces con funciones de revisión, y “las excluyen de la jurisdicción del Tribunal de Casación”. Ese diseño, según las organizaciones, buscaba evitar disputas sobre medidas cautelares y preservar la presunción de inocencia.
Al admitir la queja de la fiscalía, la Cámara de Casación habría abierto, según las ONG, “una vía procesal que el CPPF no contempla”, exponiendo nuevamente a un imputado en delicado estado de salud “a la posibilidad de encarcelamiento”. El recurso presentado por la defensa de Rudnev, citado en el documento, describe cómo “se declaró admisible una queja sin fundamento legal”, cómo la intervención de Casación entra en conflicto con el CPPF y con la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre medidas coercitivas, y cómo la resolución “carece de fundamentación adecuada y no respeta garantías constitucionales y convencionales”, incluido el derecho a un recurso efectivo.
El texto invoca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), incorporado a la Constitución argentina, en particular los artículos 14.2 y 14.5. Para las ONG, cuando la revisión de casación excede los límites fijados por el derecho interno, “la coherencia del sistema queda comprometida”.
La declaración también se refiere al fiscal Fernando Arrigo, cuya actuación en la causa –señala el texto– fue analizada por investigadores internacionales que “concluyeron que bordea una obsesión especial hacia este imputado y el ‘culto’ que supuestamente lidera”. Según las dos ONG, Arrigo habría asumido un rol que excede las funciones habituales de su cargo, indicando a los jueces “cómo debe leerse el Código Penal y cómo pueden dejarse de lado sus límites”. Esa dinámica, sostienen, altera el equilibrio entre acusación y poder judicial, coloca la estrategia de la fiscalía por encima del texto de la ley y genera un escenario en el que las garantías procesales corren riesgo de perder eficacia.
En sus párrafos finales, la declaración “invita respetuosamente al Gobierno de Argentina y a las autoridades judiciales competentes” a garantizar que el CPPF se aplique según sus propios términos y que se respeten los límites jurisdiccionales que establece. Sostiene que los recursos no autorizados por el código “no deberían utilizarse para prolongar o intensificar medidas coercitivas”, y que cualquier decisión sobre la situación de Rudnev debe considerar plenamente su estado de salud, “evitando cualquier retorno a prisión que su salud no pueda soportar”.
Con esta presentación, las dos ONG plantean que el caso Rudnev ya no se limita al tratamiento de un único imputado, sino que expone la manera en que el sistema procesal penal argentino y sus compromisos internacionales interactúan entre sí. La declaración quedará formalmente incorporada a la documentación de la sesión de septiembre-octubre del Consejo de Derechos Humanos, en momentos en que la defensa de Rudnev evalúa además una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal.