Un grupo de presos de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela presentó una denuncia penal contra ex integrantes de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas alojados en el Pabellón 1, y contra autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense, por presuntos delitos de narcotráfico, extorsión y otros ilícitos.
Un grupo de internos de la Unidad Penal número 31 de Florencio Varela, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), presentó una denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes contra ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas que se encuentran detenidos en el mismo establecimiento, y contra autoridades de la unidad, por la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos venta de drogas intramuros, extorsión, extorsión organizada, reducción a la servidumbre de personas vulnerables, usurpación de funciones del Estado e imposición de torturas y tratos degradantes.
La denuncia fue presentada con carácter de acción de hábeas corpus colectivo y solicita la intervención de fuerzas federales por una supuesta corrupción grave institucional. El escrito apunta contra el Pabellón 1 de la unidad, donde se alojan exclusivamente ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, quienes conformarían una organización conocida como “La Comitiva” o “Los Limpiezas y mantenimiento”. Según la denuncia, estos internos, en connivencia con las máximas autoridades del establecimiento, ejecutarían un plan sistemático de narcotráfico intramuros, extorsión organizada, reducción a la servidumbre, usurpación de funciones del Estado e imposición de torturas y tratos degradantes.
El escrito, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, describe la existencia de una “banda criminal transestructural organizada en forma de co-gobierno carcelario mafioso” que operaría con total impunidad en el interior del Pabellón 1. Ante el presunto quiebre de la legalidad institucional y el riesgo de filtraciones que pondrían en peligro a los denunciantes, se solicita el secreto de sumario, la delegación de la investigación en una fuerza de seguridad federal (Gendarmería Nacional Argentina o Policía Federal Argentina) y el allanamiento y secuestro de dispositivos telefónicos y soportes documentales.
Entre los denunciados figuran 16 reclusos ex miembros de distintas fuerzas de seguridad, entre los que se encontrarían el líder y recaudador del grupo, regenteadores y “pasamanos” de drogas, operadores y nexos con las autoridades carcelarias, confiscadores de mercadería enviada por familiares de otros presos y falsificadores de traslados. También se denuncia a cinco funcionarios del SPB dentro del penal.
Uno de los hechos denunciados es la “privatización de la seguridad y el control de candados”, que constituiría los delitos de usurpación de autoridad (Artículo 246 Inciso 1 CPN) en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público (Artículo 248 CPN). Según la denuncia, el personal penitenciario entregaría las llaves reglamentarias a los internos del grupo “Mantenimiento”, quienes ejercerían el control absoluto de la circulación y apertura de candados de las 26 celdas del sector. Esta maniobra sería utilizada como mecanismo punitivo, modificando arbitrariamente los horarios de encierro, fijándolos a las 17:00 horas como castigo hacia la población que no se alinea a las exigencias monetarias de la banda.
También se denuncia que uno de los reclusos tendría acceso a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento del penal, con el aval de una jefa penitenciaria. Este interno accedería a las instalaciones en cualquier horario, encendería los ordenadores oficiales e ingresaría a bases de datos confidenciales con registros filiatorios de internos. Desde allí, confeccionaría solicitudes de “avales de traslado” falsas, estampando firmas apócrifas y sellos oficiales. El fin de esta maniobra sería doble: interno, para expulsar a presos que se niegan a pagar cuotas extorsivas, y externo, para montar un estudio de gestoría judicial clandestino, cobrando dádivas por confeccionar traslados truchos.
Otro de los hechos denunciados es la “comercialización, acopio e introducción de estupefacientes”. Se menciona el ingreso irregular al Pabellón 1 de un interno de otro pabellón, sin autorización administrativa, que interactuaría con dos de los encartados para la distribución de drogas a gran escala. También se denuncia una “triangulación de estupefacientes mediante el amparo del sector Requisa”, donde un interno con funciones en esa sección actuaría como puente logístico para introducir cargamentos de estupefacientes a la cúpula de “La Comitiva”.
En cuanto a la conectividad, se denuncia un “régimen tarifario clandestino y extorsivo” por el acceso a internet. La comitiva exigiría el pago de cuotas mensuales de entre 30.000 y 40.000 pesos por interno. Se menciona que la cúpula maneja sus propias antenas de Starlink, mientras que otros dos internos habían adquirido una tercera antena para proveer conectividad transparente. Uno de los dueños de este equipo manifestó su disconformidad con los montos cobrados, y como represalia habría sido golpeado y expulsado del pabellón. El co-propietario habría sido sometido a hostigamiento y trabajos forzados.
También se denuncia el “monopolio absoluto de la comercialización de bebidas y alimentos”. En complicidad con autoridades del área de requisa, se restringiría el ingreso de gaseosas de primera línea para los familiares de los detenidos comunes, mientras que la comitiva tendría libre ingreso de cargamentos de dicha bebida, previo pago de un “peaje” o dádiva. Estas gaseosas serían revendidas a 10.000 pesos por unidad.
Asimismo, se denuncia una “aduana ilegal de las visitas en el SUM”. Un interno designado como “Limpieza del SUM de Visita” habría montado una aduana interna, confiscando mercadería que las familias traen a los presos. Se llevaría un registro contable en un cuaderno, y aquellos que no tributen sufrirían represalias, como la restricción del tiempo de visitas íntimas, trabajos forzados o expulsión del sector.
La denuncia también menciona la existencia de transferencias bancarias desde la cuenta del líder de la facción hacia las cuentas de un ex jefe de la unidad, como contraprestación por la “venta de tranquilidad” y la provisión de una “zona liberada” para el control de candados, el monopolio del internet y el tráfico de drogas. Se menciona un antecedente de un oficial desplazado de sus funciones tras ser denunciado por violencia de género.
Finalmente, se denuncia un mecanismo de estafa judicial en el ámbito escolar de la unidad, mediante la acreditación fraudulenta de horas de estudio y la obtención de certificados analíticos falsos para los miembros de “La Comitiva”.