La empresa estatal AySA perdió 1.855 empleados desde noviembre de 2023 y llega a la privatización con superávit y asesoramiento de la firma israelí Mekorot, cuyo contrato y montos no fueron revelados.
Entre noviembre de 2023 y junio de este año, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) registró una reducción de 1.855 empleados, lo que representa el 23% de su dotación total, según el último reporte del Indec. De esa cifra, 103 desvinculaciones ocurrieron en el primer semestre de 2025.
La compañía, que puso en venta el 90% de las acciones del Estado nacional (el 10% restante quedará en manos de los trabajadores a través del Programa de Participación Accionaria), provee servicios de agua potable y tratamiento de desagües cloacales a 15 millones de personas. El plazo para la presentación de propuestas de compra vence el 27 de agosto.
Según datos de la propia empresa, AySA alcanzó un superávit económico neto de 237 mil millones de pesos y redujo las transferencias del Tesoro, que pasaron de 1.310 mil millones de pesos en 2023 (a valores constantes) a 37 mil millones en todo 2025. Durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), no recibió subsidios del Estado nacional para gastos operativos.
En el marco de la preparación de la licitación, AySA fue asesorada por la empresa estatal israelí Mekorot, que intervino en aspectos de costos, tarifas y gestión. Mekorot mantiene convenios con provincias argentinas desde 2022 para la elaboración de planes maestros del agua, con datos sobre recursos y proyecciones a 30 años. La campaña “Fuera Mekorot” cuestiona que una empresa extranjera haya elaborado diagnósticos con información sensible del país. Silvia Ferreyra, integrante de la campaña, declaró a PERFIL: “En el territorio hay organismos públicos o universidades e institutos que podrían haber hecho ese mismo trabajo con más reservas en términos de soberanía sin pagarles tanto dinero”.
Según reconstrucciones basadas en pedidos de acceso a la información pública, los costos de los servicios de sistematización de datos en Catamarca y Río Negro fueron de 1,1 y 1,5 millones de dólares, respectivamente. Desde AySA no brindaron información sobre los montos abonados a Mekorot por su asesoría, que duró un año y finalizó a fines de 2025. La empresa sugirió consultar las actas de directorio, donde no figura el monto, o solicitar el dato a Mekorot, que no respondió a la consulta de PERFIL. AySA aclaró que Mekorot no puede participar de la licitación por ser una empresa estatal.
En julio de 2025, el entonces secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Javier Lanari, difundió una placa que anunciaba el supuesto interés de Mekorot en comprar AySA. El director de proyectos especiales de Mekorot, Diego Berger, desmintió esa información en una entrevista con El Destape, pero confirmó que la empresa asesoraba a AySA.
El contrato entre AySA y Mekorot, obtenido por la campaña Fuera Mekorot mediante acceso a la información pública, tiene datos tachados como el monto a pagar, el esquema de servicios, el nombre del firmante israelí y el contenido de la consultoría. AySA argumentó que revelar esa información podría “entorpecer” el proceso de privatización. El contrato establece que Mekorot debía asesorar en la estructura de costos, oportunidades de mejora, reducción de gastos, plan de medición a usuarios y propuesta tarifaria.
Durante la vigencia del contrato, el 22 de julio de 2025 se publicó en el Boletín Oficial una modificación al marco regulatorio que facultó a AySA a cortar el servicio ante retrasos en el pago de facturas. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, las tarifas del servicio de agua potable aumentaron un 525%, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet.
El contrato con AySA incluye una cláusula de arbitraje que establece que ante conflictos se recurrirá a un árbitro único de Estados Unidos, conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio. La abogada Gabriela Alliendes, adscripta a la cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Cuyo, señaló a PERFIL que “las partes pueden elegir la jurisdicción y el derecho aplicable” y que la elección de la sede podría ser neutral, como Francia o Suiza. También indicó que AySA no especifica de manera expresa qué legislación regirá la prestación del servicio, lo que consideró “una omisión innecesaria y riesgosa” que deja un margen de discrecionalidad interpretativa.
La campaña Fuera Mekorot critica que el enfoque de la empresa israelí trata al agua como una mercancía. Ferreyra explicó: “Con esa mirada llevan adelante la gestión en Israel y la trasladan a todos los territorios a los que van”. Berger, en tanto, declaró que su idea no es privatizadora, que AySA tiene buenos profesionales pero que “la gente no le da el valor que tiene el agua y la derrocha”.