viernes, 7 agosto, 2026
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Detienen a Ángel Aguirre por el ocultamiento de videos del caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado de ordenar la sustracción de las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala que mostraban la detención de los 43 normalistas. El material habría sido destruido para ocultar evidencia clave.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este 6 de agosto a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta participación en el ocultamiento de las videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala, registradas la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según la FGR, las cámaras 12 y 15 captaron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531 fue interceptado por policías municipales y los estudiantes fueron detenidos. Las autoridades sostuvieron durante años que esas grabaciones no existían por fallas técnicas.

De acuerdo con la investigación, las cintas fueron sustraídas y entregadas directamente al entonces gobernador por instrucciones suyas. La FGR calificó el hecho como una operación deliberada para desaparecer una de las pruebas más relevantes del caso.

El recorrido del autobús 1531

Según la reconstrucción de Forensic Architecture y las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el autobús 1531 salió de la Central Camionera de Iguala alrededor de las 21:20 horas del 26 de septiembre de 2014. Diez minutos después, al llegar a la calle Galeana, policías municipales intentaron bloquear el paso del convoy con disparos al aire. El 1531 se separó del resto y tomó una ruta hacia el este.

A las 21:40 horas, el autobús fue interceptado bajo un puente, frente al Palacio de Justicia de Iguala. Cuatro patrullas de la Policía Municipal rodearon la unidad. Con el paso de los minutos, se sumaron patrullas ministeriales, de la Policía Federal y más unidades municipales, hasta conformar un cerco de aproximadamente 12 patrullas. Alrededor de las 22:30 horas, los policías utilizaron gas lacrimógeno para obligar a los estudiantes a descender. Entre 12 y 15 normalistas fueron golpeados y subidos por la fuerza a vehículos policiales, según testigos protegidos citados por la FGR. Los estudiantes fueron trasladados hacia el sur, en dirección a Chilpancingo.

Las cámaras 12 y 15 captaron la secuencia completa: la llegada del autobús, el cerco policial, los golpes y la detención de los normalistas. Esa es la última imagen conocida del grupo antes de su desaparición.

Declaraciones del chofer

El conductor del autobús declaró que, después de que los estudiantes fueron bajados a la fuerza, fue sacado del vehículo y sentado entre dos policías encapuchados. En ese momento se acercó un hombre con camisa blanca y pantalón negro. El hombre preguntó quién era. Los policías respondieron que era el conductor. La respuesta fue: “Pues llévenselo también, ya saben dónde”. Segundos después rectificó: “Déjenlo que se largue”. El conductor sobrevivió.

Antecedentes del caso

El GIEI confirmó en 2015 la existencia de las grabaciones, pero la entonces Procuraduría General de la República (PGR) nunca las solicitó. Según el GIEI, la PGR no indagó si existían. Las versiones oficiales de 2014 explicaron su ausencia por fallas en el sistema.

En agosto de 2022, tras la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, Aguirre negó haber participado en la construcción de la llamada “verdad histórica”. Declaró: “Nunca me reuní con Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’, son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”.

El 29 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina la existencia de nuevas indagatorias. Declaró: “Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado”.

La FGR desarrolló un reanálisis del caso. En enero de 2026, un testigo colaborador confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a la persona responsable de sustraerlas para entregarlas a Aguirre Rivero. El testigo declaró haber recibido amenazas. En mayo de 2026, un segundo testigo protegido señaló que el exgobernador convocó una reunión con mandos de primer nivel para ordenar la desaparición de cualquier evidencia.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, declaró: “La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”. Agregó: “Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”.

Detención y proceso

Con base en esos elementos, un juez federal libró la orden de aprehensión. El 6 de agosto de 2026, a las 09:46 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Aguirre Rivero sobre la autopista México-Querétaro, cerca de la caseta de cobro en la colonia Cedros de Tepotzotlán. A las 15:25 horas ingresó al Cefereso Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusado de delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

En mayo de 2025, tras la detención de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, por su presunta intervención en el ocultamiento de las grabaciones, Aguirre había emitido un comunicado: “Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia” y “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos informaron ese mismo 6 de agosto, a través de un comunicado, que la FGR no les notificó la detención. Señalaron: “De ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos”.

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