El Poder Ejecutivo definió la agenda parlamentaria de corto plazo, que incluye el Súper RIGI, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y cambios en el Banco Central, mientras que la reforma del Código Penal quedó postergada por diferencias internas.
El Gobierno nacional retomó las negociaciones en el Congreso y estableció las prioridades legislativas para el corto plazo. Según informaron fuentes oficiales, la discusión por el nuevo Código Penal no forma parte de esa agenda, luego de que el debate tomara impulso a comienzos de año y volviera a postergarse por diferencias internas en torno al texto.
En el Senado, esta semana podrían avanzar las iniciativas del Súper RIGI, orientado a atraer inversiones, y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tras un principio de acuerdo con la oposición sobre los artículos referidos a la venta de tierras a extranjeros.
Además, se encuentran en carpeta los proyectos de modificación del sistema electoral, que incluye la eliminación de las PASO; la ley de Hojarasca, con varias desregulaciones; y la iniciativa de Zonas Frías, para limitar los subsidios al gas.
En la Cámara de Diputados, se prevé que para fines de agosto se traten dos temas considerados esenciales por el presidente Javier Milei para la economía: los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y las mejoras en la Iniciativa de Inocencia Fiscal.
Estos temas fueron abordados en la reunión de la mesa política del martes en Casa Rosada, donde se definieron los pasos a seguir en materia legislativa. El Código Penal quedó fuera del temario.
“Es probable que este sea el próximo asunto que pongamos sobre la mesa para discutir, pero primero tenemos que pasar todos los otros”, declaró a Infobae uno de los estrategas del Gobierno.
El proyecto de nuevo Código Penal fue anunciado a finales de 2025 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa, aunque su presentación formal en el Congreso nunca se concretó. Durante los primeros meses de 2026, circuló un borrador elaborado por un equipo de especialistas por pedido del Poder Ejecutivo, con un total de 912 artículos.
Cuando Juan Bautista Mahiques asumió al frente del Ministerio de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, decidió revisar el proyecto antes de enviarlo. En una reunión con Milei en la Quinta de Olivos, el funcionario recomendó redactar un texto distinto y, mientras tanto, enviar al Congreso un paquete para endurecer penas de determinados delitos.
Mahiques propuso “otra técnica” para “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual”, el que está vigente, y que la nueva versión no sea tan extensa. “En la transición, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos”, precisó el ministro en ese momento.
Esta postura generó diferencias con el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, que consideraba correcta la propuesta del grupo de especialistas. “Seguimos esperando el feedback del Ministerio de Justicia al proyecto que oportunamente se trabajó. Ese era el plan original”, indicaron fuentes cercanas.
Desde entonces, se produjo un intercambio de alternativas entre el equipo de Mahiques y la Secretaría de Legal y Técnica, dirigida por María Ibarzábal Murphy, de confianza de Caputo. Recientemente, el funcionario entregó un último borrador, aunque las diferencias de criterio persistieron. “Nosotros mandamos algunas reformas que estaban siendo revisadas para después enviar todo al Congreso”, confirmó a Infobae un miembro de la mesa judicial del Gobierno.
En ese sector ratificaron que la iniciativa no será un Código Penal completo, sino el endurecimiento de castigos para algunos delitos. Entre las medidas se incluye la creación de nuevas tipificaciones como la estafa piramidal, las denominadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para ingresar a los domicilios y robar), los “motochorros” y la entradera bancaria.
También se especifican delitos financieros complejos, como el lavado de dinero con activos virtuales y nuevas modalidades ilícitas asociadas al crimen organizado y la tecnología. En materia de narcotráfico, se abordará con un sistema escalonado que distinga entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.
En un título aparte, se enviará el proyecto para prohibir por ley la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit fiscal, otra de las iniciativas de Milei. Este punto estaba previsto como parte de la reforma del Código Penal, pero en una cadena nacional el Presidente informó que se enviará junto con el paquete vinculado al funcionamiento del Banco Central.