El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció que el Ejecutivo aplicará sanciones a los responsables del paro de prácticos que paraliza la operatoria portuaria. La medida se enmarca en un decreto que adelanta la apertura del mercado del practicaje.
El Gobierno nacional confirmó que aplicará sanciones a los responsables del paro de prácticos que afecta la operatoria de los principales puertos del país. Así lo informó el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa realizada hoy.
Ravier detalló que la administración dictó un decreto para adelantar la introducción de nuevas reglas en el sector del practicaje, con el objetivo de reducir los costos logísticos y facilitar la competencia. «Ahora, se aprobó un decreto para adelantar inmediatamente este concepto, que es muy importante para que los costos logísticos bajen», afirmó.
La medida, impulsada en coordinación con el Ministerio de Desregulación y con el economista Federico Sturzenegger, busca abrir el mercado a nuevos actores. «Permitir que, en este caso del practicaje, puedan entrar nuevos jugadores», explicó Ravier, quien agregó que esto posibilitaría «precios más competitivos» y «una mejora para empresas y consumidores».
El conflicto surgió por la resistencia de algunos sectores ante la apertura del mercado. «Por supuesto, hay personas que operaban en ese mercado, que ante la entrada de competidores plantean este reclamo y eventualmente hacen este paro que perjudica la logística», sostuvo el vocero.
El Gobierno insistió en que el practicaje constituye un servicio esencial y que sus operadores deben garantizar su continuidad. «Estas empresas, estas personas tienen la obligación de sostener el servicio esencial. Lo mismo que decíamos antes con respecto a la educación», declaró Ravier.
Consultado por la prensa sobre la posibilidad de aplicar sanciones, el funcionario afirmó: «¿Va a tener esto sanciones? Seguramente. Se está… es algo que está ocurriendo en este momento. No tengo detalles ahora sobre las sanciones que van a ocurrir, pero sin duda es algo que va a ocurrir».
En relación al impacto económico, Ravier reconoció que la interrupción generará pérdidas, aunque evitó precisar cifras. «Sin duda esto va a generar un costo, pero no tengo números para darles inmediatamente en este momento», expresó.
El vocero vinculó la situación a una política más amplia de desregulación y apertura de mercados, y señaló que el objetivo es alinear los costos logísticos locales con los estándares internacionales. Durante la conferencia, también mencionó proyectos de ley orientados a facilitar la inversión extranjera y la adquisición de tierras por parte de actores internacionales, aunque no los vinculó directamente con el conflicto portuario.
Las autoridades reiteraron que el cumplimiento de las obligaciones de servicio esencial será un criterio determinante para definir las sanciones. El conflicto, que involucra a empresas y trabajadores del practicaje, continúa sin una resolución definitiva.