La fiscalía de Violencia Familiar y de Género recibió un informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense que determina que el imputado, Marcelo Joaquín Tula, no puede participar de la junta interdisciplinaria ni comprender las medidas judiciales en su contra.
La causa judicial que investiga el homicidio de Norma Beatriz Tula sumó un nuevo elemento: la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, recibió el informe de evaluación psiquiátrica sobre el imputado Marcelo Joaquín Tula, elaborado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF).
La evaluación se centró en determinar si el acusado, señalado como autor del delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento”, posee las condiciones mentales necesarias para afrontar procesos judiciales complejos y colaborar en el desarrollo de la investigación.
De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el estado psíquico actual de Tula no le permite participar de una junta de evaluación interdisciplinaria, comprender el alcance de las medidas judiciales ni aportar información relevante para los peritos. Esta situación obliga a suspender, por el momento, la realización de esa instancia clave en el proceso y condiciona los pasos inmediatos de la investigación.
Según lo informado por el Ministerio Público, el documento recomienda que la junta interdisciplinaria prevista no se lleve a cabo en este momento y que el proceso sea diferido por un plazo de 15 días. Este período es considerado fundamental para consolidar el tratamiento farmacológico que está recibiendo el imputado, permitir una adecuada evolución clínica y favorecer la remisión de la sintomatología psicótica aguda detectada. Solo después de ese lapso corresponderá realizar una nueva evaluación para establecer si Tula se encuentra en condiciones de ser sometido al estudio psiquiátrico y psicológico integral.
A raíz de este dictamen, la fiscalía deberá esperar la evolución del estado de salud mental del acusado antes de avanzar con las próximas etapas procesales. La definición sobre la capacidad de Tula para comprender el proceso y participar activamente resulta central para el desarrollo de la causa, ya que de ello depende la validez de futuras medidas probatorias y la posibilidad de impulsar la acción penal en sede judicial.
La pericia psiquiátrica sobre el imputado fue ordenada por la fiscal Alejandra Antonino en el contexto de una batería de diligencias probatorias. Entre ellas se cuentan la elaboración de dos informes socioambientales: uno destinado a reconstruir el entorno y las condiciones de vida de Norma Beatriz Tula, y otro enfocado en la situación personal y social de Marcelo Joaquín Tula. Además, la fiscalía avanzó en la recepción de declaraciones testimoniales de personas allegadas a la víctima y al acusado, con el objetivo de reunir elementos que permitan clarificar el vínculo entre ambos y las circunstancias previas al hecho investigado.
El hecho ocurrió el 19 de julio en una vivienda de la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, donde la víctima fue hallada sin vida. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico agudo provocado por múltiples heridas de arma blanca en la región cervical y en el cuerpo. Sobre el crimen, una sobrina de la víctima, Soledad, declaró a un medio local que la escena resultó impactante por la brutalidad del ataque. Soledad, junto al hermano de la víctima —su padre— fueron quienes iniciaron las gestiones para constituirse como querellantes en la causa, con la representación del abogado Diego Quinteros Martínez. El paradero del padre de Marcelo Tula es desconocido por las autoridades.