La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para solicitar la suspensión de la inhabilitación perpetua para cargos electivos que le impuso la condena en la causa Vialidad.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apunta a participar de la próxima contienda electoral. Este miércoles se anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para levantar la inhabilitación de por vida para presentarse en cargos electorales que pesa sobre ella, a partir de la sentencia en la causa Vialidad.
En conferencia de prensa, su abogado Carlos Beraldi agregó que la estrategia de acudir a organismos internacionales se debe a que, con el rechazo de la Corte de un recurso de queja, considera clausurada la posibilidad de accionar en el ámbito judicial local.
Con esa denegatoria, de junio del año pasado, el Máximo Tribunal confirmó en los hechos la condena del Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad y anuló la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner se presente como candidata a diputada bonaerense en las legislativas del año pasado, tal como había expresado que era su voluntad.
“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, afirmó en una carta abierta que difundió este miércoles, horas antes de la conferencia de prensa en un hotel del centro porteño.
Del intercambio con periodistas participaron Beraldi, el abogado brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Los tres conforman el equipo que representa a la expresidenta.
Los abogados anunciaron que en la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU —que según pudo saber PERFIL ingresó a mediados de julio— se pidió que se suspenda la inhabilitación para presentarse como candidata, que se revisen las condiciones de la prisión domiciliaria y que se integre “de manera inmediata” la Corte Suprema con el total de los miembros.
“La comunicación individual presentada ante la ONU no es una agresión al Estado argentino sino que es un mecanismo jurídico previsto en la Constitución. No queremos un tratamiento de excepción. Queremos que una ciudadana argentina sea tratada como corresponde”, dijo Valim.
Los abogados de la expresidenta dijeron que las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU son vinculantes para los Estados que son parte, como la Argentina. Y explicaron que el Comité puede emitir una medida cautelar por alguno o todos los puntos que reclama la defensa y que sobre el tema de fondo puede demorar años en pronunciarse.
Ante una consulta, dijeron que eligieron presentarse ante la ONU y no ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque consideraron que el Comité “tiene mayor efectividad”.