El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS elaborar y publicar sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025 en un plazo de tres meses, tras una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS elaborar, certificar, difundir y publicar sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2023, 2024 y 2025. La decisión establece un plazo de tres meses para que la entidad cumpla con esas obligaciones legales y regulatorias.
El fallo se produjo al resolver una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, que alegó que la EPS no había cumplido con la elaboración, aprobación y publicación de su información financiera para los años señalados.
Según información publicada por Revista Semana, el Tribunal le ordenó a la Nueva EPS cumplir integralmente lo previsto en los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 1995 y en el numeral 4.4 de la Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud.
La decisión judicial se produce en el contexto de cuestionamientos sobre la situación financiera de la entidad, intervenida por el Gobierno de Gustavo Petro en abril de 2024, y de exigencias de transparencia sobre una EPS que concentra la atención de millones de afiliados.
Exigencia de información financiera completa
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que las normas invocadas en el proceso contienen mandatos claros, expresos e inobjetables. Determinó que la Nueva EPS está obligada a preparar y publicar los estados financieros de las vigencias pendientes.
La corporación también precisó que la Circular Externa 016 de 2016 tiene naturaleza de acto administrativo, por lo que sus disposiciones pueden ser exigidas mediante una acción de cumplimiento cuando fijan deberes vinculantes para entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Uno de los puntos centrales del fallo es que la publicación de los estados financieros no puede quedar suspendida por trámites internos de la entidad. El Tribunal señaló que se trata de una obligación de resultado, lo que significa que no basta con afirmar que existen procesos de saneamiento, validación o depuración contable.
Según la decisión, esas actuaciones administrativas no justifican el incumplimiento de un deber legal cuyo plazo ya había vencido para los años objeto del proceso. El plazo de tres meses busca cerrar la omisión y garantizar que la información financiera sea conocida de manera formal.
La orden incluye la elaboración, certificación, difusión y publicación de los estados financieros. No se trata solo de producir documentos internos, sino de ponerlos a disposición bajo las reglas aplicables a una entidad sometida a vigilancia estatal.
Transparencia bajo vigilancia de la Supersalud
El fallo advierte que la publicación de los estados financieros es un mecanismo esencial de transparencia y control sobre la información de las entidades vigiladas. En el caso de la Nueva EPS, esa obligación cobra mayor relevancia por el debate público sobre su situación financiera y por el proceso de intervención que enfrenta desde 2024.
La decisión también tiene efectos frente a la Superintendencia Nacional de Salud, pues recuerda que la regulación expedida por esa entidad impone deberes concretos a las EPS bajo su vigilancia. La Nueva EPS deberá acatar esas exigencias y entregar información financiera correspondiente a tres vigencias completas.
La acción de cumplimiento no resolvió de fondo la crisis financiera de la entidad, pero obliga a despejar un punto clave: la disponibilidad de estados financieros certificados y publicados. Sin esos documentos, se dificulta el seguimiento ciudadano, institucional y judicial sobre la situación real de la EPS.
Para el Tribunal, los procesos internos de depuración no reemplazan el deber legal de informar. La decisión apunta a que la Nueva EPS deje de aplazar la publicación de sus balances y cumpla con una obligación que, según la autoridad judicial, ya era exigible.
Con el plazo de tres meses, la entidad deberá mostrar sus estados financieros de 2023, 2024 y 2025. El cumplimiento de la orden será clave para determinar el nivel de transparencia de la EPS y para fortalecer el control sobre una de las aseguradoras más importantes del sistema de salud colombiano.