La Ley 9.828, aprobada en noviembre de 2024, aún no cuenta con el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo de Tucumán, lo que impide la aplicación de bloqueos, campañas y programas de prevención.
Buenos Aires, 23 julio (NA) – El Gobierno de Osvaldo Jaldo mantiene sin reglamentar desde hace casi dos años la ley provincial contra la ludopatía y las apuestas digitales, pese al crecimiento del acceso adolescente a plataformas legales e ilegales y a que la norma fue aprobada por unanimidad en la Legislatura tucumana.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la Ley 9.828 fue sancionada en noviembre de 2024 después de unificar once proyectos, pero el Poder Ejecutivo todavía no dictó la reglamentación necesaria para definir autoridades, presupuesto, procedimientos y responsabilidades concretas.
La norma creó un programa provincial de prevención que debe articular a los ministerios de Salud, Educación, Seguridad y Desarrollo Social. También permite desarrollar campañas, capacitar docentes y familias, brindar atención a personas afectadas y bloquear sitios de apuestas en redes de internet pertenecientes a escuelas y organismos públicos.
Sin el decreto reglamentario, buena parte de esas herramientas quedó sin una aplicación coordinada y verificable. No se conoce públicamente un protocolo único para detectar casos en las aulas, derivar adolescentes, asistir a familias o medir la cantidad de consultas vinculadas con el juego en línea.
La legisladora Silvia Elías de Pérez reclamó la reglamentación inmediata y sostuvo que uno de cada cuatro jóvenes tucumanos de entre 12 y 17 años habría tenido contacto con plataformas de apuestas. La cifra fue expuesta por la dirigente y requiere una medición provincial oficial que permita conocer la dimensión real del problema.
A nivel nacional, UNICEF advirtió que aproximadamente uno de cada cuatro adolescentes realizó al menos una apuesta y que el ingreso suele producirse alrededor de los 13 años. La facilidad para registrarse en sitios clandestinos, las transferencias digitales y la promoción en redes redujeron las barreras de acceso.
La ley tucumana también alcanza a la Caja Popular de Ahorros, organismo provincial encargado del juego autorizado. Esa doble función —recaudar mediante apuestas legales y participar en la prevención de daños— exige controles, estadísticas y campañas especialmente transparentes.
La demora no puede ser atribuida a la Legislatura, que ya sancionó el marco legal, ni exclusivamente al crecimiento de las plataformas ilegales, muchas de las cuales operan fuera de la provincia. La reglamentación depende del Ejecutivo encabezado por Jaldo.
Reglamentar tampoco resolverá por sí sola la ludopatía. Las páginas clandestinas cambian de dominio, utilizan influenciadores y permiten ingresos mediante cuentas prestadas. Pero, sin reglas operativas, Tucumán ni siquiera utiliza plenamente las herramientas que ya decidió crear.
El Gobierno debe establecer quién bloqueará los sitios en las redes escolares, cómo se denunciarán las plataformas, qué área elaborará estadísticas, dónde serán atendidos los menores y qué presupuesto se asignará al programa. También deberá informar cuántas campañas realizó desde la sanción, cuántas consultas recibió el sistema sanitario y qué controles implementó la Caja Popular sobre publicidad, identificación de usuarios y juego responsable.
Cada mes de demora amplía la distancia entre la velocidad de las apuestas digitales y la respuesta estatal. Mientras los sitios funcionan las 24 horas desde cualquier teléfono, la ley provincial continúa esperando un decreto en los despachos del Ejecutivo.
Jaldo ya cuenta con la herramienta legal y con el respaldo unánime que la originó. Lo que falta no es otra declaración de preocupación, sino una decisión de gestión. Hasta que llegue, los adolescentes seguirán enfrentando plataformas diseñadas para captar dinero con una ley que existe en el papel, pero no despliega toda su protección en la vida real.