El área a licitar abarca una superficie aproximada de 5.000 km2.
Buenos Aires, 15 julio (NA) — El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de licitación para la exploración de hidrocarburos en una nueva área del ámbito costa afuera, mediante el Decreto 590/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La medida se centra en el área denominada CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte, y busca determinar el potencial de recursos energéticos en la Plataforma Continental Argentina.
La iniciativa surge a partir de una manifestación de interés presentada el 14 de febrero de 2025 por la empresa Challenger Energy Group PLC. El área en cuestión abarca una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional.
El decreto instruye a la Secretaría de Energía a convocar un Concurso Público Internacional para adjudicar los permisos de exploración y, eventualmente, la concesión de explotación. La normativa señala que estas actividades son fundamentales para maximizar la renta obtenida de los recursos naturales y fomentar el crecimiento económico y el empleo.
La convocatoria se apoya en el reconocimiento internacional de los límites de la plataforma marítima argentina, que incorporó más de 1.782.500 km2 tras las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU en 2016.
Para garantizar la transparencia y atraer inversiones de empresas con alta capacidad técnica y financiera, la Secretaría de Energía ha sido delegada para dictar los actos necesarios, incluida la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones. Los adjudicatarios deberán abonar regalías sobre la producción, conforme a la Ley 17.319.
Asimismo, el decreto autoriza cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales. Sin embargo, la norma aclara que esto no implica una renuncia a la inmunidad de ejecución sobre bienes soberanos críticos. Entre los activos protegidos se encuentran:
- Las reservas del Banco Central de la República Argentina.
- Bienes de dominio público y aquellos que presten servicios públicos esenciales.
- Bienes militares, herencia cultural y activos protegidos por leyes de inmunidad soberana.