El juez federal Martín Irurzun, miembro de la Cámara Federal de la Capital, cumplirá 75 años el próximo sábado, lo que activa el límite etario constitucional para su permanencia en el cargo. Su situación judicial y política genera expectativas en el ámbito judicial argentino.
El juez federal Martín Irurzun, integrante de la Cámara Federal de la Capital, cumplirá 75 años el próximo sábado, lo que según la Constitución Nacional establece el límite etario para la permanencia en el cargo de juez federal. Irurzun ha solicitado formalmente al Poder Ejecutivo que gestione ante el Senado un acuerdo para extender su mandato por cinco años más, alternativa prevista en la misma Constitución.
Irurzun presentó un recurso en el fuero Contencioso Administrativo para que se le conceda una medida cautelar que le permita continuar en funciones. La Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó inicialmente esa cautelar, pero se espera que mañana acepte un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal tendría cuatro días para resolver si concede la cautelar.
En su apelación, Irurzun solicitó que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se excuse de intervenir en el caso, debido a que Rosatti fue constituyente por el peronismo en 1994 y aprobó el artículo que establece el límite de edad para los jueces. Tampoco estará en Buenos Aires el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, por lo que quedaría el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, quien debería convocar a un sorteo para elegir a cuatro conjueces.
La cláusula constitucional que limita la permanencia de los jueces por edad fue incorporada por la Asamblea Constituyente de 1994, aunque no estaba incluida en el Núcleo de Coincidencias Básicas del Pacto de Olivos firmado entre el entonces presidente Carlos Menem y el líder radical Raúl Alfonsín. La Corte Suprema ha tenido dos jurisprudencias distintas al respecto: en el caso Fayt (década de 1990) declaró nulo el artículo, mientras que en el caso Shiffrin (2017) lo declaró vigente.
Irurzun es conocido por la denominada «doctrina Irurzun», según la cual la prisión preventiva es aplicable a exfuncionarios acusados de corrupción debido a su posible «poder residual» para entorpecer investigaciones. Bajo esa doctrina, los exfuncionarios Julio De Vido y Amado Boudou fueron detenidos, y la cárcel de Ezeiza albergó a varios exfuncionarios kirchneristas durante el gobierno de Mauricio Macri.
En paralelo, el reciente nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia generó atención. Mahiques gestionó la extensión del acuerdo de su padre, el juez Carlos Mahiques, por cinco años más, pero no realizó gestiones similares por Irurzun. El Consejo de la Magistratura, encargado de proponer ternas al Ejecutivo para la designación de jueces, enfrenta críticas por la manipulación de exámenes y la influencia política en las selecciones.
El economista alemán Rudi Dornbusch recomendó que Argentina «importara instituciones», y el economista Enrique Szewach sostiene que esa recomendación se cumple en la práctica, ya que los inversores suelen exigir jurisdicciones judiciales extranjeras para potenciales litigios.