En el último año, la canasta de servicios básicos pasó del 58% al 77% del Salario Mínimo Vital y Móvil, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet.
El costo de los servicios públicos como proporción del salario mínimo constituye un indicador de la evolución de los ingresos y de la representatividad del índice de inflación. Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, en el último año el valor de esa canasta pasó de representar un 58% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a un 77%.
En junio de 2026, el Gobierno fijó por decreto un piso de sueldos de $ 367.800, un 17% más que en igual período de 2025 ($ 313.400). En el mismo mes, de acuerdo con las estimaciones del observatorio, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios necesitó $ 282.758 para cubrir la canasta de servicios (electricidad, gas, agua y transporte), un 54% más que en 2025, cuando ese monto era de $ 183.496.
Algo similar ocurrió con el salario promedio medido por el Indec: durante el primer trimestre de 2026 el organismo lo estimó en un total per cápita de $ 728.008, un 34% más que en el mismo período de 2025 ($541.198). En ese contexto, los servicios básicos representaron un 12,7% del sueldo en 2025 y escalaron al 15% en 2026.
Siempre considerando el cálculo de inflación oficial, el salario que más valor real perdió entre abril de 2025 y abril de 2026 (de acuerdo con las estimaciones del Instituto Argentina Grande) fue el mínimo: un 10% en un año. Le siguieron los públicos provinciales, con un 7,1% de caída; el privado registrado, con un 2,3%; y el público nacional, con un 0,3%. Entre 2023 y 2026 el descenso fue más pronunciado: del 40,1% para el SMVM, 38,3% en el caso de los empleados públicos nacionales, 14,2% para los sueldos públicos provinciales y 5,3% de reducción para el sector privado registrado.
Hernán Herrera, coordinador del área de economía de ese instituto, afirmó que uno de los principales problemas es la falta de actualización del cálculo del índice de precios al consumidor (IPC). “Se iba a actualizar como una canasta que le dé más preponderancia a los servicios que la actual, y eso es importante porque justamente todo el acomodamiento de precios relativos que hizo el gobierno pegó por ahí”, declaró en comunicación con PERFIL. “El gobierno tiene una posición respecto de los precios relativos que es una clásica posición conservadora, donde se ajusta a los que menos tienen”. El problema, continuó, es que esto tiene “connotaciones de irracionalidad económica” en la medida en que “cuando se les quita recursos a las mayorías el mercado se achica, no se agranda”.
Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, el gas natural lidera el ranking de los precios que más escalaron: un 2.073%. Le siguieron el transporte (1.354%), el agua (555%) y la electricidad (494%). En términos generales, la canasta de servicios subió un 919% desde el comienzo de la actual gestión, por encima de la inflación general desde entonces (236% de acuerdo con el estudio de la UBA). En el último año el incremento más importante fue en el transporte (75%). El costo del resto de los servicios creció entre un 37% y un 48%.
El reporte aclara que en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 58% de los costos: el Estado se hace cargo del 42% restante. Sin embargo, hay otros ajustes en los servicios que quedan fuera de ese informe, que contempla a las personas que tienen gas natural. En el caso de las garrafas, según señala el IAG, el gobierno congeló por dos años el subsidio y eliminó los precios máximos: los más perjudicados son los hogares con menos recursos, donde –según el Registro Nacional de Barrios Populares–, el 85,8% de las familias utiliza este insumo para cocinar. El precio de las garrafas se incrementó en un 842% desde noviembre de 2023.
En relación al transporte, y desagregado por tipo, el IAG registró un incremento del 2.735% para el boleto en tren, del 1.874% en el subte y del 1.248% en los colectivos. “En este contexto, en lo que va del año, los viajes en colectivo cayeron un 10% contra el mismo periodo de 2023, un 15% los viajes en tren y un 20% los viajes en subte”.
Desde hace algunos años, organismos como la Cepal estudian el fenómeno de la “pobreza energética”: se trata de una medición que estima el grado en que una familia puede acceder a los servicios básicos y el porcentaje de salario que debe invertir en ellos. Ese porcentaje, para no pasar el umbral, no debería ser superior al 10%.