La Zona Verde de Bagdad, distrito que alberga embajadas e instituciones gubernamentales, fue escenario de una operación anticorrupción que resultó en múltiples detenciones, según fuentes de seguridad.
La Zona Verde de Bagdad, el distrito acorazado que alberga las principales embajadas e instituciones del Gobierno de Irak, fue el escenario de una operación anticorrupción desde la madrugada de este jueves. La acción se saldó con varios detenidos, a la espera de que las autoridades oficialicen una lista completa.
Según fuentes de seguridad bajo condición de anonimato citadas por la agencia iraquí Shafaq, al menos ocho personas fueron arrestadas, entre ellas un número indeterminado de diputados. Las órdenes de arresto estaban relacionadas con «casos de corrupción financiera y administrativa».
Otras fuentes de seguridad, citadas por el diario árabe ‘Al Sharq al Awsat’, indicaron que las órdenes judiciales también involucraban a «responsables políticos y gubernamentales, responsables de seguridad y empresarios».
El Ejército iraquí participó en la operación con el despliegue de tanques y vehículos acorazados, que funcionaron como barricadas para cerrar completamente la zona diplomática al paso de transeúntes.
La operación fue ordenada por el primer ministro Alí Al Zaidi, quien asumió el cargo el mes pasado en un contexto político complejo, tanto a nivel interno como regional.
Irak mantiene una relación estratégica con Irán, Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha solicitado al nuevo gobierno dos prioridades: limitar la influencia de las milicias proiraníes y emprender una lucha contra la corrupción.
Uno de los casos más notorios que podría estar en el centro de esta operación, según fuentes de la agencia kurda-iraquí Rudaw, es el del viceministro de Petróleo, Adnan al Jumaili, cuyo arresto el mes pasado desencadenó una de las investigaciones anticorrupción más grandes de los últimos años en el país.
El diputado kurdo Sherwan Dubardani confirmó a la agencia que Al Jumaili, acusado de desvío ilegal de fondos recaudados en hasta cuatro refinerías y de financiación ilegal de partidos políticos, habría nombrado a decenas de presuntos implicados, algunos de ellos aliados políticos del ex primer ministro Mohamad Shia al Sudani.