El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, que regirá desde junio y alcanzará a todas las prestaciones contempladas en el nomenclador vigente.
El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, que regirá desde junio y alcanzará a todas las prestaciones contempladas en el nomenclador vigente.
La actualización alcanza a los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y comenzará a regir desde junio. La medida fue adoptada por la Secretaría Nacional de Discapacidad tras conocerse la inflación de mayo y contempla un adicional del 20% para las prestaciones brindadas en la región patagónica.
La medida fue formalizada mediante la resolución 1297/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches. Según la normativa, los aranceles tendrán un incremento del 2,10%, porcentaje definido a partir de la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante mayo.
La resolución también ratificó un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se brinden en las provincias patagónicas, al considerar a la región como una zona desfavorable por sus características geográficas y logísticas. El objetivo es compensar los mayores costos operativos que enfrentan los prestadores de servicios en esa parte del país.
Con la actualización, una prestación de centro de día con jornada doble pasará a percibir $1.058.791,92, mientras que una jornada simple ascenderá a $563.272,78. En tanto, los centros educativos terapéuticos recibirán hasta $1.189.351,59 por jornada doble. También se ajustaron los valores correspondientes a estimulación temprana, rehabilitación, transporte y alimentación, entre otros servicios incluidos dentro del sistema.
La suba fue oficializada en un contexto de reclamos de organizaciones, prestadores y familias vinculadas a la discapacidad, que vienen reclamando la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso el año pasado.
En paralelo, el Gobierno impulsa en el Senado el proyecto denominado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», una iniciativa que propone modificar el actual régimen de pensiones no contributivas. Entre los cambios previstos figuran un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios, nuevos mecanismos de control y fiscalización, la redefinición de los requisitos para acceder a las prestaciones y un endurecimiento de las condiciones para conservar el beneficio. La propuesta también establece que las pensiones por invalidez equivalgan al 70% de la jubilación mínima y plantea nuevas incompatibilidades para quienes accedan a empleos formales, además de modificaciones en el esquema de financiamiento y administración de las prestaciones.
La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación aseguró este jueves «que las personas con discapacidad pueden continuar viajando sin costo en el transporte público mediante la presentación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico, que mantiene plena vigencia», en un contexto de largas filas en distintas sedes de ANSES. En el mismo comunicado, explicaron que «a partir del 19 de junio, además, quienes lo deseen podrán asociar su CUD a una tarjeta SUBE registrada para acceder al beneficio en colectivos de jurisdicción nacional y trenes. Esta modalidad es opcional y no reemplaza al sistema actual. Por este motivo, las empresas de transporte y los conductores deberán aceptar tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio a través de una tarjeta SUBE asociada. Ante cualquier negativa a reconocer el beneficio, impedir el viaje, exigir requisitos no previstos en la normativa o desconocer la validez del CUD físico, se recuerda a los usuarios que pueden realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales».