La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que sus operativos en Guerrero no estuvieron dirigidos a sancionar negocios por transmitir partidos del Mundial 2026, tras la difusión de información que provocó el cierre de más de 320 restaurantes y bares en Acapulco.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una nota aclaratoria el 13 de junio de 2026 en la que desmintió que sus operativos en Guerrero hayan tenido como objetivo sancionar a negocios por transmitir partidos del Mundial 2026. La dependencia respondió a publicaciones que circularon en medios del estado y que, según la misma Profeco, provocaron el cierre de más de 320 restaurantes y bares en Acapulco durante los primeros días del torneo.
En el comunicado, Profeco precisó que carece de atribuciones para supervisar, verificar o sancionar lo relacionado con los derechos de transmisión de partidos en establecimientos mercantiles. Esa competencia corresponde exclusivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
Según el comunicado, el miércoles 10 de junio, la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas realizó visitas de vigilancia a dos establecimientos: “Texas Ribs” (Costillas Julieta, S.A. de C.V.) y “La Casa de los Abuelos Puente” (S.A. de C.V.). El objetivo fue supervisar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), que incluye la exhibición visible de precios, el respeto a ofertas y promociones, la prohibición de exigir propina obligatoria y la entrega de comprobante de compra. Nada relacionado con derechos de transmisión.
La nota aclaratoria señala: “Las facultades de la Profeco se limitan estrictamente a proteger los derechos de los consumidores en la adquisición de bienes, productos y servicios”. Asimismo, advirtió que si se detectan acciones de servidores públicos adscritos a la dependencia fuera de sus atribuciones, “se tomarán las medidas pertinentes”.
La confusión generó un efecto directo en la economía local. Más de 320 establecimientos en Acapulco bajaron la cortina ante el temor a sanciones que la Profeco nunca tuvo contempladas en el alcance de sus operativos. De más de 115 negocios afiliados a la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la ciudad, solo 40 habían adquirido licencia comercial con cableras para la transmisión de los partidos al momento de los cierres.
La ODECO Acapulco-Lázaro Cárdenas detalló en el comunicado las actividades que sí tiene en marcha. Entre las permanentes figuran la vigilancia del acuerdo Masa-Tortilla, el programa de estacionamientos públicos 2026 y el operativo FIFA, activo desde febrero de 2026 con enfoque en precios y servicios al consumidor. Entre las próximas acciones se encuentran el operativo Regreso a Clases, el Programa de Verificación Día del Padre del 19 al 21 de junio, y el programa vacacional y turístico de verano del 15 de julio al 28 de agosto de 2026.
El IMPI es la autoridad competente en materia de derechos de autor. Su director general, Vidal Llerenas Morales, afirmó en W Radio: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado”. Las verificaciones del IMPI solo proceden a petición formal de los titulares de los derechos —en este caso la FIFA— y se enfocan en negocios de mayor tamaño cuyo giro habitual incluye la transmisión de eventos deportivos.
Para transmitir partidos de forma legal, los establecimientos deben contratar un paquete comercial —no residencial— a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos empresas autorizadas para emitir licencias de exhibición pública. Las sanciones por incumplimiento van de 117,310 pesos a 586,550 pesos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, y pueden alcanzar los 29.3 millones de pesos en los casos de mayor gravedad.
Ante la confusión generada, cámaras de comercio en varios estados alertaron sobre posibles falsos inspectores que podrían aprovechar el clima de incertidumbre para extorsionar a comerciantes. El IMPI recordó que todos sus verificadores portan gafete oficial con fotografía, camisa y chaleco institucional, y que ningún servidor público está facultado para exigir pagos en sitio.