El Observatorio de Vivienda Asequible (Provivienda) informó que el 43% de los hogares a nivel nacional reside en inmuebles levantados antes de 1981. El dato se desprende del Módulo de Vivienda y Entorno de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025.
El Observatorio de Vivienda Asequible (Provivienda) publicó un informe basado en datos del Módulo de Vivienda y Entorno de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025. Según el estudio, el 43% de los hogares a nivel nacional vive en edificios construidos antes de 1981. La organización señaló que la antigüedad del parque residencial se vincula con una mayor exposición a condiciones climáticas extremas y dificultades para realizar mejoras de eficiencia energética.
Provivienda indicó que el 50,7% de los hogares del quintil de menor renta reside en inmuebles anteriores a 1981 o no reformados de forma sustancial desde entonces, frente al 35,9% del quintil de mayor renta. En el tramo de edificios más antiguos, anteriores a 1961, vive el 18,2% de los hogares del quintil de menor renta, mientras que en el quintil más alto ese porcentaje es del 11,2%.
La organización explicó que la normativa de eficiencia energética en edificación llegó a España en 1980, por lo que los inmuebles anteriores a ese año se construyeron sin exigencias térmicas relevantes. A nivel nacional, el 34,4% de los hogares afirmó necesitar mejoras de eficiencia energética que no ha ejecutado. Entre los edificios anteriores a 1961 y los construidos desde 2011 hay 24,6 puntos porcentuales de diferencia en necesidad de mejoras energéticas no cubiertas.
Según Provivienda, el coste es la barrera dominante para actuar. A nivel nacional, el 76,2% de los propietarios con necesidad no cubierta señaló el costo como principal obstáculo, y en los edificios anteriores a 1961 esa proporción sube al 80,6%. En los quintiles de renta más bajos, ese freno financiero adquiere un carácter casi único, mientras que en el quintil más alto aparecen con más peso relativo otras razones, como “otras razones” (19,8%) y la “falta de interés” (11%).
El informe también señala que el 9,2% de los hogares declaró haber sufrido daños por fenómenos climáticos extremos, con una distribución por quintiles entre el 9% y el 9,6%. Provivienda sostiene que ese indicador no mide bien la vulnerabilidad climática porque registra si el evento ha ocurrido, no la capacidad de anticiparse, asegurar la vivienda, reparar los daños o recuperarse después. La desigualdad aparece en el mapa territorial: los niveles más altos se ubican en comunidades autónomas del arco mediterráneo y de la cuenca atlántica gallega, relacionados con la dana de Valencia de 2024, olas de calor en el sur y temporales atlánticos en Galicia. Castilla-La Mancha encabeza la lista, atribuido a la combinación de episodios térmicos extremos en verano y lluvias torrenciales.
Provivienda vinculó estos datos con dos marcos de política pública: el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, centrado en la rehabilitación energética, y la Estrategia de Desarrollo Sostenible Revisada hacia 2030, que incorpora la regeneración del parque residencial como herramienta de transición justa.