Un informe del IERAL apoya la reducción de subsidios energéticos impulsada por el Gobierno nacional, aunque recomienda una implementación gradual para evitar aumentos abruptos en las tarifas.
La discusión por los subsidios energéticos volvió a tensar la relación entre Córdoba y la Casa Rosada. En medio del avance del Gobierno nacional sobre el régimen de Zona Fría, la Fundación Mediterránea respaldó conceptualmente la reducción de subsidios impulsada por la administración de Javier Milei, aunque advirtió sobre el impacto político y social que podría generar una aplicación abrupta del nuevo esquema tarifario.
El planteo surgió de un informe técnico elaborado por el IERAL, el brazo económico de la Mediterránea, donde se sostiene que la ampliación del beneficio aprobada en 2021 “desnaturalizó” el régimen original y terminó generando subsidios generalizados sin criterios claros de segmentación. Según estimaciones oficiales citadas en el análisis, alrededor de 2,2 millones de personas, equivalentes a unos 700 mil hogares, acceden actualmente al beneficio ampliado que reduce las tarifas de gas.
El informe de la entidad presidida por Pía Astori considera que el esquema debe avanzar hacia una lógica de subsidios más focalizados y orientados a sectores vulnerables, en línea con la estrategia de ajuste fiscal que impulsa la administración libertaria.
La Fundación Mediterránea sostiene que el esquema vigente acumuló “distorsiones severas” y cuestiona especialmente el carácter universal que tomó la ampliación del régimen durante el gobierno de Alberto Fernández. El trabajo señala que el sistema actual se financia mediante un recargo del 7,5% sobre las facturas de gas de todos los usuarios del país, un mecanismo que, según el IERAL, terminó generando subsidios cruzados entre regiones con consumos y realidades climáticas diferentes.
En ese sentido, el documento establece diferencias entre la Patagonia histórica —donde el beneficio se justifica por condiciones climáticas extremas— y provincias incorporadas posteriormente, como Córdoba, donde el instituto entiende que el subsidio debería limitarse únicamente a hogares vulnerables. Además, el informe también acompaña otro de los cambios que impulsa el Gobierno nacional: modificar la base sobre la cual se aplica el descuento. La iniciativa oficial propone que el beneficio deje de calcularse sobre la tarifa total y pase a impactar únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), reduciendo de manera significativa el alcance real del subsidio.
Pese al respaldo general a la reducción de subsidios, la Mediterránea evitó alinearse completamente con la estrategia de shock del Gobierno nacional. El informe advierte que una aplicación acelerada del nuevo esquema podría provocar “aumentos tarifarios abruptos” y generar un fuerte impacto social. Entre las recomendaciones aparecen mecanismos de convergencia gradual, límites a los incrementos por factura y revisiones específicas para sectores vulnerables. También se sugieren herramientas destinadas a reducir la volatilidad tarifaria y evitar un deterioro brusco en los ingresos familiares.
Ese planteo funciona además como un punto intermedio frente a la posición política del gobernador Martín Llaryora, quien cuestionó el recorte del régimen ampliado y advirtió sobre el impacto económico que podría tener sobre los usuarios cordobeses. En el Centro Cívico estiman que, si se elimina el beneficio actual, algunas facturas podrían sufrir incrementos de entre 42% y 100%, especialmente en sectores medios urbanos que hoy reciben descuentos parciales sobre el consumo de gas.
La posición de la Fundación Mediterránea refleja una tensión que atraviesa hoy buena parte del establishment económico local. Por un lado, existe coincidencia con el objetivo de ordenar subsidios y sostener el equilibrio fiscal. Por otro, aparece preocupación por el costo político y social que puede generar una aceleración del ajuste tarifario. No es casual que el informe insista en la necesidad de una transición gradual. Córdoba se convirtió en uno de los principales focos de conflicto alrededor de la política energética nacional debido al alcance que tuvo la ampliación de Zona Fría en los últimos años.