El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios en Argentina.
El juez federal Ariel Lijo requirió información a empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado y que habrían contratado servicios de “coaching ontológico” de la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Así lo indicaron fuentes judiciales que trabajan en el caso, nacido a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se sugiere la existencia de presuntas negociaciones incompatibles. Las empresas apuntadas son Grupo Dacto, Foggia Group y National Shipping.
El Gobierno envió al Senado una nueva tanda de siete pliegos judiciales, que se suman a los 45 candidatos a jueces y fiscales federales remitidos el lunes. Este miércoles se realizará la cuarta audiencia en la Comisión de Acuerdos, con 14 candidatos a cargos judiciales, parte del paquete de 77 nombramientos impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La Plaza de Mayo se pobló de militancia universitaria, con pancartas de agrupaciones docentes y estudiantiles. Sindicatos y partidos políticos opositores a La Libertad Avanza marcaron territorio en los alrededores, mientras el corazón de la plaza fue para organizaciones estudiantiles y gremios universitarios, que reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El diputado libertario Sebastián Pareja fue elegido presidente de la Comisión de Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, en un movimiento de Karina Milei que avanza en su disputa de poder con el asesor Santiago Caputo. A partir de ahora, una persona de confianza de la hermana presidencial controlará las acciones y gastos reservados de la Side.
Poco antes de la marcha, la mesa política se reunió en el despacho de Manuel Adorni durante dos horas y 15 minutos, sin foto y sin Santiago Caputo. Patricia Bullrich se retiró antes por una reunión en el Senado. La marcha fue multitudinaria, con unas 120.000 personas en la ciudad de Buenos Aires, según cálculos de LA NACION, y se replicó en distintos puntos del país.
El Gobierno no modificó su postura tras la marcha: niega un ataque directo a la educación universitaria, vincula el reclamo a espacios políticos opositores y espera la definición de la Corte Suprema sobre la ley de financiamiento universitario. Funcionarios oficialistas enfatizan en auditar “las cajas”, discutir el arancelamiento y “eficientizar el uso de los recursos”.