La senadora Patricia Bullrich aseguró que la extradición del exfuncionario ecuatoriano Hernán Luque Lecaro ya está autorizada, pero el canciller Pablo Quirno lo desmintió y afirmó que el proceso sigue pendiente de resolución judicial.
Un caso de presunta corrupción en Ecuador abrió una nueva interna en el gobierno de Javier Milei. La controversia se desató luego de que la actual senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmara que la extradición del exfuncionario ecuatoriano Hernán Luque Lecaro desde la Argentina “ya está autorizada”, mientras que el canciller Pablo Quirno la contradijo horas después al asegurar que el proceso “continúa pendiente de resolución judicial”.
El cortocircuito político quedó expuesto cuando Quirno habló de “versiones periodísticas” que daban por autorizada la extradición. Pero quien había difundido públicamente esa información había sido la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La contradicción expuso una situación incómoda dentro del oficialismo.
Detrás de la controversia aparece el expediente ecuatoriano conocido como “Caso Encuentro”, una investigación sobre presuntas maniobras de corrupción en empresas públicas durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. La causa investiga una supuesta red de direccionamiento de contratos y negocios alrededor de compañías estatales ecuatorianas.
La primera señal pública llegó a través de un mensaje publicado por Patricia Bullrich en redes sociales. Allí, la exministra de Seguridad sostuvo que el kirchnerismo había otorgado protección política al exfuncionario ecuatoriano y aseguró que la extradición ya había sido autorizada. Bullrich comenzó su publicación con su clásico latiguillo: “El que las hace, las paga”. Luego apuntó directamente contra el kirchnerismo y sostuvo que el exfuncionario ecuatoriano “se escapó a la Argentina” y que “el kirchnerismo le dio asilo para protegerlo”.
En otro tramo del mensaje, la dirigente reveló una supuesta gestión personal del expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso. “Hace un año, el Presidente Guillermo Lasso me llamó para pedir que le quitáramos ese beneficio”, afirmó. Y agregó: “Como Ministra de Seguridad Nacional en ese entonces, lo hice”. Bullrich también aseguró que el trámite judicial ya estaba resuelto: “Hoy ya está autorizada su extradición”. Y agregó: “Es hora de que vuelva a Ecuador para responder ante la Justicia”. La publicación cerró con otra frase de fuerte tono político: “Argentina no es guarida de delincuentes que quieren escapar de las leyes de sus países”.
Horas después apareció la respuesta de Pablo Quirno, quien desmintió públicamente a Bullrich. El canciller publicó: “Más allá de las versiones periodísticas que atribuyen erróneamente la resolución de la extradición del ciudadano ecuatoriano Luque Lecaro basada en fuentes no oficiales, se informa que, si bien se han registrado avances en distintas etapas del proceso, la misma continúa pendiente de resolución judicial”. Luego agregó: “La Cancillería argentina, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia aguardan la conclusión de todas las instancias judiciales correspondientes para concretar con celeridad la extradición, en coordinación con las autoridades del Gobierno del Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa”.
La intervención del funcionario fue interpretada como una corrección pública a la exministra de Seguridad, ya que el mensaje sostuvo explícitamente que el expediente todavía debía atravesar instancias judiciales pendientes antes de una resolución definitiva.
Hernán Luque Lecaro fue presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) de Ecuador durante la gestión de Guillermo Lasso. La Fiscalía ecuatoriana lo incluyó dentro de la investigación denominada “Caso Encuentro”, en la que se investigan presuntas irregularidades en contratos de empresas estatales, especialmente vinculadas al sector energético. Según los investigadores ecuatorianos, alrededor de distintas compañías públicas habría operado una estructura que supuestamente direccionaba contratos, cargos y negocios. El expediente tomó dimensión pública luego de la difusión de audios atribuidos a operadores políticos y empresarios cercanos al oficialismo ecuatoriano. Tras el avance de la causa, Luque Lecaro abandonó Ecuador y permaneció prófugo hasta ser ubicado en la Argentina. En febrero de 2024 fue detenido en Buenos Aires por Interpol, luego de que la Justicia argentina iniciara el proceso de extradición.