Sebastián L., de 30 años, fue sentenciado por encabezar una organización que falsificaba y comercializaba licencias de conducir a través de WhatsApp y redes sociales. La investigación incluyó a un agente encubierto que compró un carnet trucho para obtener pruebas clave.
Una banda dedicada a la falsificación y venta de licencias de conducir fue desbaratada en la Ciudad de Buenos Aires tras una investigación que incluyó la participación de un agente revelador de la Policía de la Ciudad. El líder de la organización, Sebastián L., un vecino de Almagro de 30 años, fue condenado a tres años de prisión en suspenso, según informaron fuentes judiciales.
El modus operandi de la banda consistía en ofrecer “tramitaciones rápidas” de licencias de conducir a través de redes sociales y mensajería instantánea, principalmente WhatsApp. Una vez que se acordaba el precio y la forma de pago, se fijaba un punto de encuentro para la entrega del documento apócrifo. En este caso, la entrega se realizó en una esquina del barrio porteño de Parque Patricios.
Lo que los falsificadores no sabían es que el comprador era un oficial de la Policía de la Ciudad que actuaba como “agente revelador”, con el objetivo de obtener la prueba clave para avanzar en la causa. A partir de esa evidencia, se realizó un allanamiento en el domicilio de Sebastián L., donde se secuestraron 53 licencias de conducir apócrifas, papeles con anotaciones de montos y nombres, y dispositivos electrónicos.
Según el fallo judicial, la organización estaba estructurada con división de roles y permanencia en el tiempo. Sebastián L. actuaba como “captador, comercializador y coordinador”, recibiendo datos de los interesados, gestionando pagos en efectivo o mediante billeteras virtuales, y coordinando la entrega de los documentos falsos. Además, se determinó que respondía a una persona aún no identificada que se hacía llamar Ezequiel, a quien le enviaba los datos de los clientes y de quien recibía las licencias ya confeccionadas.
En total, 26 personas integraron la asociación ilícita. La jueza en lo penal, contravencional y de faltas porteña María Araceli Martínez homologó un “acuerdo de avenimiento” entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, por el cual Sebastián L. deberá cumplir con obligaciones como “adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad”. El fiscal Roberto Néstor Maragliano representó al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en la causa.
La falsedad de las licencias quedó acreditada no solo por el hecho de que un particular ajeno a cualquier organismo estatal gestionaba y entregaba los carnets, sino también a partir de las tareas investigativas realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.