El magistrado federal dispuso que el exfuncionario vuelva a declarar en abril, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el Programa Incluir Salud. La causa involucra a más de 30 imputados.
El juez federal Ariel Lijo dispuso la ampliación de la declaración indagatoria de Diego Spagnuolo, ex máxima autoridad de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa que investiga presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La medida fue adoptada en los tribunales de Comodoro Py y se formalizó en abril de 2026.
Según la resolución judicial, se investiga un esquema que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con el objetivo de direccionar contrataciones del Programa Incluir Salud en beneficio de empresas privadas. El juez consideró acreditado un "grado de sospecha suficiente" para avanzar en el proceso penal.
El foco de la investigación está puesto en el funcionamiento del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas con discapacidad. Según el expediente, este sistema habría sido utilizado para montar un circuito de adjudicaciones irregulares de medicamentos e insumos de alto costo.
El juez dispuso que Diego Spagnuolo declare nuevamente el 28 de abril de 2026. También fueron citados otros nombres clave como Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvetey y Andrés Horacio Arnaudo. Las audiencias se extenderán hasta fines de mayo e incluyen a más de 30 imputados, entre funcionarios y empresarios.
La investigación describe una presunta organización delictiva que habría manipulado procesos de contratación pública mediante un mecanismo de simulación de competencia entre oferentes. El expediente señala que se invitaba a un grupo reducido de empresas, algunas con un rol meramente formal para dar apariencia de legalidad, mientras las adjudicaciones estaban predefinidas.
Uno de los puntos sensibles es el uso del sistema informático SIIPFIS, implementado en junio de 2024, que habría sido utilizado de manera direccionada para favorecer a determinadas firmas. Según la resolución, este mecanismo permitió canalizar compulsas de precios que terminaban beneficiando a proveedores vinculados con los integrantes de la maniobra.
El documento judicial detalla que, solo en el rubro de medicamentos, se habrían generado órdenes de compra por más de 30 mil millones de pesos, con una concentración significativa en pocas empresas.
Dentro de la estructura investigada, el rol de Miguel Ángel Calvetey aparece como central. Aunque no era funcionario, habría actuado como articulador entre el sector privado y la ANDIS, coordinando adjudicaciones y gestionando pagos. El expediente indica que percibía retornos que oscilaban entre el 12 y el 20 por ciento de los montos adjudicados.
El juez también puso el foco en el rol de los funcionarios públicos. En particular, Daniel María Garbellini, responsable del área de acceso a servicios de salud, habría tenido intervención directa en la selección de proveedores y en la ejecución del esquema.
La causa también describe la existencia de pagos indebidos y entrega de dádivas. Se señala que Miguel Ángel Calvetey habría entregado dinero en efectivo a Diego Spagnuolo y saldado gastos personales como parte de los retornos.
Mientras avanzan las citaciones, la Justicia ordenó la inhibición general de bienes sobre los imputados y varias empresas, en un intento por preservar activos ante eventuales responsabilidades penales.