La Justicia Federal citó a declaración indagatoria al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y a otras 34 personas, en una investigación por presuntas irregularidades en compras de medicamentos de alto costo.
La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Orlando Spagnuolo, y a otras 34 personas, acusados de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías. La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.
Según las evidencias de la investigación, el extitular de la Andis habría utilizado su poder y capacidad de supervisión para generar condiciones que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas. El mecanismo investigado consistiría en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud.
La fiscalía sostiene que, a cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo habría recibido ‘retornos’. Según la hipótesis, el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los articuladores privados de la maniobra, habría canalizado sobornos que incluirían entregas en mano de dinero en efectivo y el pago de deudas personales millonarias del funcionario.
Entre los indagados se encuentran Spagnuolo, el exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre empresarios y prestadores, y otras seis personas que ya tenían audiencia fijada, señaladas por presuntamente ocuparse del blanqueo y la recaudación de dinero.
El expediente investiga sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas. Las maniobras, detalladas en la investigación, revelarían un esquema perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, donde una organización integrada por altos funcionarios públicos y empresarios habría manipulado el sistema informático de la agencia.
Según el fiscal Picardi, los funcionarios habrían utilizado de manera direccionada el aplicativo Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS) para manipular las contrataciones. Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas. El grupo empresario operaría dividiéndose las licitaciones de antemano, simulando una competencia legal con oferentes ‘pantalla’.
La investigación indica que Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público, recibiendo información confidencial de funcionarios de la Andis. La contraprestación, según la fiscalía, sería el pago de ‘retornos’ a los funcionarios públicos implicados, con una tarifa que oscilaría entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas.
Para ocultar el origen del dinero, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre empresas, inventando comprobantes por conceptos comerciales falsos. Otros integrantes estarían acusados de la recolección física y virtual del dinero.