Tras la medida de fuerza de la UTA, las frecuencias de colectivos muestran una recuperación parcial, aunque persisten irregularidades. El Gobierno, las empresas y el gremio mantienen diálogo para resolver los problemas de financiamiento y subsidios.
El servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registra una mejora parcial en sus frecuencias tras el paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), aunque los usuarios aún reportan demoras y un funcionamiento irregular. La situación se enmarca en un conflicto entre el Gobierno nacional, las empresas del sector y los trabajadores, relacionado con el pago de subsidios, salarios y la falta de fondos.
Desde la Secretaría de Transporte de la Nación informaron que las negociaciones con las cámaras empresarias continúan. Afirmaron que «quedan muy pocas líneas nacionales afectadas», ya que muchas empresas han mejorado las frecuencias luego de una reunión realizada la semana pasada. No obstante, reconocieron que algunos servicios siguen por debajo de lo habitual debido a «dificultades que tienen por ingresos las empresas».
La UTA había implementado una reducción de tareas de 24 horas, lo que generó una merma de hasta un 30% en las frecuencias y afectó a miles de usuarios. Aunque el Gobierno aseguró haber transferido fondos, desde el gremio señalaron que el dinero no llegó a todas las empresas, lo que motivó la medida de fuerza.
Según declaraciones de Marcelo Pasciutto, director del Grupo Dota y de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), el servicio podría demorar hasta 48 horas en normalizarse una vez que se acrediten los fondos adeudados. El empresario detalló que el principal problema radica en los atrasos de pagos: la Nación mantiene una deuda cercana a los $20 millones por coche, mientras que la provincia de Buenos Aires registra un atraso de unos $10 millones por unidad. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se encuentra al día con los pagos, lo que permite un servicio normal en su jurisdicción.
El sector empresario advierte que, sin una solución financiera definitiva, no puede garantizar el abastecimiento de combustible ni la operación regular, una situación que complica el traslado diario de millones de pasajeros en la región.