La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó una nueva legislación que reemplaza el marco vigente desde 1999, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad jurídica y flexibilidad fiscal a los inversores internacionales.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley minera impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. La legislación, que consta de 131 artículos, recibió aprobación final y unánime este jueves, tras una votación inicial el mes pasado.
La norma reemplaza un marco regulatorio de casi tres décadas y forma parte de un esfuerzo del gobierno por ofrecer garantías legales y un régimen fiscal más flexible a inversionistas internacionales, en particular de Estados Unidos. La medida se produce luego de la visita del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, a Caracas a inicios de marzo.
La reforma busca presentar un marco más favorable a la inversión, manteniendo la propiedad estatal de los recursos y el control sobre la aprobación de proyectos. Incluye disposiciones como cláusulas de «equilibrio económico» y acceso a arbitraje internacional, un cambio respecto a la ley anterior que restringía las disputas a tribunales locales.
Establece un régimen fiscal simplificado con regalías de hasta el 13% de la producción y un nuevo impuesto minero de hasta el 6% sobre los ingresos brutos, junto con exenciones de varios gravámenes existentes. Las concesiones pueden durar hasta 30 años, frente a los 20 anteriores, con dos posibles extensiones de 10 años.
Funcionarios señalaron que la reforma busca atraer capital a proyectos de oro, bauxita y otros minerales estratégicos, aunque el gobierno mantiene la facultad de designar ciertos recursos o áreas como de interés nacional e imponer condiciones especiales.