En 1831, un buque de guerra estadounidense destruyó un asentamiento argentino en las islas Malvinas. El hecho, condenado por la justicia de EE.UU., es un antecedente en el complejo historial diplomático y legal del archipiélago.
El 31 de diciembre de 1831, el buque de guerra estadounidense Lexington, al mando del capitán Silas Duncan, ingresó a Puerto Soledad en las islas Malvinas y procedió a destruir propiedades del gobernador argentino Luis Vernet. Según documentos históricos, la acción fue ejecutada sin un mandato oficial del gobierno de los Estados Unidos.
El caso fue llevado ante un tribunal federal del estado de Connecticut (Davison vs. Seal-Skins), donde el juez Smith Thompson determinó que Duncan había actuado de manera ilegal y sin órdenes de sus superiores. Como consecuencia, el capitán fue desautorizado y relevado del mando de su nave. Otro caso relacionado, Charles B. Williams vs. The Suffolk Insurance Company, llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos en 1839. El máximo tribunal sostuvo que el reconocimiento de la soberanía sobre las islas correspondía al Poder Ejecutivo federal.
En respuesta a estos hechos, el embajador argentino Carlos María de Alvear presentó un reclamo formal de indemnización ante el secretario de Estado John Forsyth el 21 de marzo de 1839, acompañando extensa documentación probatoria.
El asentamiento atacado había sido establecido por Luis Vernet, quien instaló a unas 50 familias, gauchos e indígenas. Vernet ejercía control sobre la caza de especies marinas en la zona, aprehendiendo buques que operaban ilegalmente. Según análisis históricos, el incidente habría influido en la posterior decisión del Reino Unido de ocupar las islas en 1833, cuyas instalaciones habían quedado destruidas.
El trasfondo de la disputa de soberanía se remonta a tratados internacionales del siglo XVIII. El Tratado de Utrecht (1713) comprometía al Reino Unido a respetar la integridad territorial de la América española. Posteriormente, la Convención de Nutka (1790) estableció que los británicos no fundarían nuevos asentamientos en costas o islas ya ocupadas por España, como era el caso de las Malvinas desde 1767. Este acuerdo fue ratificado en 1814.
Incluso figuras británicas como el duque de Wellington expresaron dudas sobre la solidez del reclamo del Reino Unido. En una carta privada de 1829, Wellington señaló: «No me queda claro que alguna vez hayamos poseído la soberanía de todas estas islas… que abandonamos hace más de 60 años».
Tras la Revolución de Mayo de 1810, las Provincias Unidas del Río de la Plata heredaron los derechos españoles sobre las islas, ejerciendo su administración desde Buenos Aires a partir de 1811 y designando comandantes, como David Jewett en 1820 y posteriormente Luis Vernet. La administración argentina se mantuvo de manera funcional y reconocida hasta la interrupción por la fuerza en 1833.