El proceso electoral peruano se caracterizará por una oferta política sin precedentes. Un total de 35 candidaturas competirán por la presidencia, casi duplicando la cantidad de la elección anterior y estableciendo un récord en la historia democrática latinoamericana. Las encuestas ubican en los primeros puestos a dos figuras de derecha, mientras un economista de izquierda intenta consolidarse como tercera fuerza con opciones de llegar al balotaje.
Un escenario de alta fragmentación y volatilidad
La carrera electoral se desarrolla en un clima de profunda incertidumbre institucional. Ninguno de los últimos ocho jefes de Estado ha logrado concluir su mandato constitucional, siendo destituidos o forzados a renunciar. Esta inestabilidad se combina con una preocupación ciudadana abrumadora: la inseguridad. Según sondeos, dos tercios de los peruanos sitúan a la violencia criminal como el problema principal.
Los favoritos y sus propuestas
En un empate técnico se encuentran la experimentada política Keiko Fujimori, líder indiscutida del movimiento fujimorista tras el fallecimiento de su padre, y el empresario Rafael López Aliaga, identificado con posiciones ultraconservadoras. Ambos rondan el 11% de intención de voto. Detrás, el economista Alfonso López Chau busca capitalizar un crecimiento en las preferencias.
Las propuestas para enfrentar la delincuencia han dominado la campaña. López Aliaga ha generado controversia al plantear la construcción de cárceles en zonas selváticas remotas, utilizando serpientes venenosas como «barrera natural» de seguridad, y proponer el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para habilitar la pena de muerte. Estas ideas reflejan la búsqueda de soluciones drásticas ante un problema que registró 3,675 homicidios en 2025, la cifra más alta en 14 años.
La violencia, una crisis cotidiana
El crimen organizado, el narcotráfico y la extorsión afectan la vida diaria de ciudadanos y negocios. Recientemente, un popular programa de comedia en internet anunció el cese definitivo de sus actividades debido a constantes amenazas extorsivas, luego de que su sede fuera atacada con una granada en 2024. Este caso es emblemático de una epidemia que no distingue entre figuras públicas, transportistas o pequeños comerciantes.
El desafío para el próximo gobierno será monumental: restaurar la seguridad, combatir la corrupción y, ante todo, lograr la gobernabilidad en un sistema político fracturado. Los peruanos acudirán a las urnas con la esperanza de que el resultado rompa el ciclo de crisis y provea la estabilidad que el país demanda.