Un nuevo revés judicial se produjo este miércoles para la jueza Julieta Makintach. Los fiscales de San Isidro que la investigan por el escándalo con el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona (60) solicitaron a la Procuración bonaerense la destitución de la magistrada para poder continuar con el proceso penal.
En un requerimiento de 42 páginas -al que tuvo acceso Clarín-, los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo señalaron que Makintach «ha protagonizado las acciones ilícitas que se encuadran legalmente en los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios«.
La solicitud de los fiscales fue dirigida al procurador bonaerense Julio Conte Grand. El paso siguiente será la notificación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia De Buenos Aires, que ya había definido enviar a juicio político a Makintach.
Para los fiscales existen «elementos suficientes e indicios vehementes de la perpetración de los delitos antes invocados».
Por ello, requieren que «se ordene su destitución por los delitos indicados, ello a efectos de poder proseguir con el presente proceso penal«.
La presentación se enmarca en el artículo 300 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, titulado «Antejuicio» y que dice: «Cuando se formule la denuncia o querella privada contra un funcionario sujeto a juicio político o enjuiciamiento previo, el órgano competente la remitirá, con todos los antecedentes que recoja por una información sumaria, a la Cámara de Diputados, al Jurado de Enjuiciamiento o al organismo que corresponda. Aquél sólo podrá ser sometido a proceso si fuere suspendido o destituido».
En caso de que la Makintach pierda los fueros, podrá ser indagada y allanadas sus propiedades; siempre y cuando lo soliciten como medida de prueba en el proceso penal en el que ya está imputada.
Los argumentos de la fiscalía
Los fiscales dieron por acreditado que Makintach, en su rol de jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, “aceptó la propuesta comercial efectuada al menos por María Vidal Alemán, y bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos -ya sea por la inversión de terceras personas en dicho emprendimiento privado- e indirectos -posteriores ganancias y/o regalías por imagen-, decidió promover y participar personalmente en un proyecto audiovisual en el que sería explotado el desarrollo del mentado juicio, su temática y su función jurisdiccional, por la que iba a desarrollar un rol protagónico”.
Vidal Alemán estuvo presente el primer día del debate y también en varias audiencias posteriores. En su descargo judicial indicó que era amiga de la infancia de la jueza, que trabajaba como decorada de interiores y que el documental era “una idea amateur” que le había propuesto a la magistrada.
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Se cierra el cerco sobre la jueza Makintach y el juicio por la muerte de Maradona está a punto de caerse
Para la realización de la serie documental, que fue titulada “Justicia Divina” y que tenía un guion provisorio de seis capítulos, Vidal Alemán contacto a Juan Manuel D’Emilio, un reconocido publicista que acercó a la productora La Doble S.A. al proyecto, que tenía un presupuesto establecido de 800 mil dólares.
“Con el objetivo de asegurar el éxito de la empresa audiovisual, fue que dolosamente, inobservando la Constitución, leyes y deberes que regían su labor como Magistrada Judicial, utilizó arbitraria y sistemáticamente la función jerárquica que ostentaba”, señalaron los fiscales.
Este argumento hace referencia a que la jueza se valió de su cargo para ingresar el domingo posterior al inicio del debate al palacio de tribunales de San Isidro y de advertir a la oficial de policía destinada a la custodia del tribunal que había personas tomando imágenes con cámaras en la primera jornada que contaban con su autorización.
“Siempre con el objeto de que pudieran ser obtenido de manera clandestina, material único y exclusivo, esta vez del desarrollo del debate”, apreciaron.
“En efecto, si hasta ese momento alguien abrazaba la ingenua y pueril idea de que las imágenes captadas tenían por finalidad adornar redes sociales o quizás lograr visibilidad académica, tal como la encausada le habría asegurado a sus colegas del Tribunal, el hallazgo no dejó espacio para la duda o para benévolas especulaciones, en razón a que categóricamente demostró que aquellos actos que Makintach llevó a cabo valiéndose irregularmente de su potestad como funcionaria pública, obedecían al planificado proyecto comercial, de envergadura internacional, con altos costos de producción y calidad cinematográfica, para ser vendido por plataformas de streaming”, añadieron.
El cambio en la presidencia del tribunal
Un día clave en el juicio por la muerte de Maradona fue la jornada del 15 de mayo cuando todos los abogados de las partes se sorprendieron al ver a Makintach ocupando el rol de presidenta del debate, en lugar del juez Maximiliano Savarino, quien ocupó ese rol hasta el momento.
Luego de un cuarto intermedio, los abogados solicitaron que se vuelva a la conformación original, con Savarino en la titularidad, la jueza Verónica Di Tommaso en la vicepresidencia y Makintach como vocal.
“(…) consiguiendo de ese modo el mayor protagonismo funcional y visual que le confería el nuevo rol, el que aún a costa de su deber constitucional de imparcialidad, sería capitalizado en el proyecto económico porque tal como ya estaba anunciado en el libreto, preveía que el desenlace del juicio que había logrado presidir, iba a culminar con una sentencia”, detallaron en la resolución, en la que aclararon que el sexto capítulo del documental tenía el título “La Justicia y la sentencia”.
Finalmente, para los fiscales Asprella, Chaieb y Amallo “no sólo que Makintach se hallaba en absoluto conocimiento de la existencia del proyecto audiovisual desde el vamos, sino del negocio que ello representaba”.
El pedido de Dalma y Giannina
Paralelamente, Fernando Burlando y Fabián Amendola, los abogados de las dos hijas mayores del Diez, presentaron un escrito en la Corte Suprema bonaerense donde adhirieron al requerimiento y los fundamentos de los fiscales.
Para los letrados, el trabajo del Ministerio Público de San Isidro “da cuenta, con contundencia, de que la magistrada Makintach no sólo permitió, sino que promovió y protagonizó un emprendimiento audiovisual de carácter comercial, valiéndose de su condición de jueza en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona”.
“Dalma y Giannina Maradona, en su calidad de hijas de la víctima y particulares damnificadas, vieron nuevamente frustrado su derecho a un juicio válido y eficaz, debiendo soportar dilaciones intolerables y la revictimización que supone la nulidad íntegra del proceso. La irregular conducta de la magistrada no fue un exceso menor ni un error aislado: se trató de un plan sistemático, doloso y sostenido en el tiempo, cuyo único objetivo era obtener rédito personal a expensas de la verdad y de la justicia que las víctimas tenían derecho a alcanzar”, expresaron en el escrito.
A raíz del escándalo que se generó alrededor del documental «Justicia Divina», el 29 de mayo pasado, el juicio por la muerte de Maradona fue declarado nulo y se sorteó un nuevo tribunal, con otros jueces, para llevarlo a cabo de nuevo, desde cero.
AA